El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una reciente comparecencia en la sede de la ONU en Nueva York
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una reciente comparecencia en la sede de la ONU en Nueva York - efe

Maduro desaloja grandes almacenes en Caracas para construir viviendas

Los trabajadores de las empresas afectadas temen perder sus empleos por las medidas del Gobierno

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Como si no fuera suficiente el padecimiento por la escasez de alimentos, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la ocupación militar de los almacenes o galpones de las empresas Polar y Pepsi-Cola en la Yaguara, sector industrial de Caracas, para construir viviendas populares, lo que ha provocado el malestar de los trabajadores que temen perder su puesto de trabajo.

La sorpresiva intervención gubernamental se produjo ayer miércoles a partir de las 17 horas de la tarde al concluir la jornada laboral, cuando los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana se presentaron en las instalaciones del Grupo Polar, el mayor conglomerado empresarial que dirige el venezolano Lorenzo Mendoza para desalojar los galpones en 60 días.

Los efectivos militares dijeron que el área intervenida fue destinada para desarrollos urbanísticos populares de la «Misión Vivienda», con la que Maduro piensa ganar las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.

La orden de ocupación de los terrenos de la Yaguara, el único polígono o zona industrial con el que cuenta Caracas, afecta también a los centros de almacenamiento y distribución de Alimentos Polar, Coca-Cola Femsa, Cargill, Nestlé y Zara entre otras grandes empresas.

Sin dejarse intimidar por la toma de los soldados de la GNB, los trabajadores de la Pepsi-Cola, compañía perteneciente al Grupo Polar, salieron a protestar contra el desalojo este mismo miércoles en la noche. «Vamos a defender nuestro trabajo cueste lo que nos cueste», era la consigna.

Jesús Graterol, representante de empleados de Pepsi-Cola, declaró a la prensa local: «Nos preocupa que nos vayan a dejar sin trabajo. Y otra de las cosas que nosotros vemos es por qué habiendo tanto terreno, se empeñan en tomar este sitio. Es preocupante que nos vayan a dejar sin nuestros puestos de trabajo. Somos 500 trabajadores, igual a 500 familias».

Sesenta días de plazo

Si bien el gobierno dio un plazo de 60 días para la desocupación de los terrenos donde están asentadas las distribuidoras, Graterol sostuvo: «Como venezolanos, también pensamos defender nuestros puestos de trabajo cueste lo que nos cueste». Aclaró que esas protestas serían pacíficas y «con pancartas». Añadió: «Aquí están los estudios de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos y de muchas personas, de gente que no depende directamente de la empresa».

Uno de los trabajadores comentó que la orden de desalojo será un bumerán para el Gobierno, «la pérdida del empleo se revierte en su contra, pesa más que los votos que puedan conseguir con la construcción de viviendas sociales. Ese populismo es comida para hoy y hambre para mañana».

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