Los cascos azules de las Naciones Unidas cometieron abusos en Haití y Liberia

Miembros de la misión de los cascos azules destinada en Haití mantuvieron relaciones sexuales con 225 mujeres del país a cambio de regalos. Una situación que también se vivió en Liberia. Ambos países padecen bajos índices de desarrollo humano (IDH), el indicador social que mide la calidad de vida en un país. Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional ya criticaron en el pasado este tipo de prácticas irregulares, ahora reveladas gracias a un informe proporcionado por la Oficina Interna de Supervisión de Servicios de la ONU (OIOS, por sus siglas en inglés) a Associated Press (AP) y Reuters.

El testimonio de 231 haitíes víctimas de abusos permitió elaborar el documento. Según indica, en el ámbito rural las mujeres mantenían relaciones sexuales con los cascos azules a cambio de bienes de primera necesidad, como alimentos y medicinas.

En zonas urbanas recibían «zapatos, teléfonos, ordenadores y perfumes, además de dinero». En caso de no obtener la remuneración prometida, algunas «retenían las maletas de las fuerzas de paz y les amenazaban con revelar su infidelidad mediante las redes sociales». El informe también señala «que solo siete de las entrevistadas sabían que las Naciones Unidas prohíben la explotación sexual y el abuso».

Las misiones desplegadas por Naciones Unidas tienen el propósito oficial de ayudar «a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera». En el caso de Haití recibe el nombre de MINUSTAH y nació el 1 de junio de 2004, tras un periodo de inestabilidad que culminó con la huida del por entonces presidente, Bertrand Aristide. Actualmente, su labor consiste en «apoyar la constitución de un estado de derecho» y «promover y proteger los derechos humanos». Un propósito incumplido, según la información proporcionada por la OIOS, también en Liberia. En el país africano, la UNMIL se estableció en septiembre de 2013 para «apoyar la aplicación del acuerdo de cesación del fuego» tras la guerra civil que padeció la nación desde 1999. Muchas mujeres se vieron forzadas a prostituirse con los cascos azules a cambio de recibir ayuda para paliar la miseria de su día a día. El país fue una de las principales víctimas de la epidemia de ébola que estalló en África en diciembre de 2013, con más de 4.000 muertos.

Una historia que se repite

«Esto debe terminar», ha declarado Amnistía Internacional a ABC. Según esta organización, «los culpables de las violaciones de derechos humanos, y la violencia sexual lo es, deben ser perseguidos o por la justicia de los países donde se cometen los abusos, o bien por jueces de cualquier lugar en aplicación del principio de la jurisdicción internacional». Una solución que no es sencilla. Las naciones proveedoras de cascos azules son las únicas que pueden juzgar a sus propios soldados, según el acuerdo que firman con las Naciones Unidas. Una decisión que ratifica el país receptor, que a su vez renuncia a cualquier jurisdicción sobre las tropas de paz.

La fuerza militar de las Naciones Unidas, los cascos azules, cuenta con 125.000 soldados desplegados en los países más conflictivos del mundo. En el pasado, Amnistía Internacional ya denunció algunas de sus tropelías. Como en el caso de las tropas de paz holandesas destinadas en Srebrenica durante el genocidio de 1995, en el contexto de la guerra de Bosnia. En julio de 2010, un tribunal de apelación de La Haya condenó al gobierno de Holanda por su responsabilidad en la muerte de tres civiles bosníacos, el pueblo de fe musulmán que sufrió la limpieza étnica ejecutada por tropas serbias. La organización también acusó a los militares franceses destinados en la República Centroafricana de cometer abusos contra niños. Según el informe filtrado a AP, un tercio de las víctimas de la violencia sexual son menores de 18 años.

«Es inaceptable», explican desde Save the Children, una ONG dedicada a la defensa de los niños. «Precisamente es Naciones Unidas quien establece los estándares de los derechos humanos y quien debe dar ejemplo y una respuesta contundente con este tema», señalan desde la organización. También piden que se realice una investigación para llevar a los responsables a los tribunales y «establecer medidas de prevención» y compensaciones a las víctimas. «Hay que evitar que esto quede impune», subrayan.