Los nacionalistas escoceses quieren seguir votando leyes que afectan solo a Inglaterra

Tras el referéndum escocés del pasado 18 de septiembre, un baño de realidad que fulminó los anhelos del independentismo, se ha abierto en Reino Unido una suerte de difuso proceso de reforma constitucional. Durante la campaña del referéndum, cuando los sondeos se ponían cuesta arriba, los tres mayores partidos nacionales se desmarcaron con una oferta de más autonomía para Escocia a cambio de que votase a favor de seguir en la Unión. A raíz de aquello, se ha creado una comisión que este jueves presentará el proyecto de ley con los nuevos poderes. Pero las devoluciones a Escocia volvieron a poner encima de la mesa el problema inglés. Mientras Escocia, Irlanda del Norte y Gales deciden sobre sus asuntos en sus parlamentos regionales, recuperados a finales de los años noventa, Inglaterra no cuenta con esa cámara.

Para intentar compensar esa anomalía de alguna manera, nada más ganar el referéndum escocés David Cameron anunció que en paralelo a la concesión de más capacidad de decisión para Escocia se pondría en marcha una reforma que se resume en “votos ingleses para leyes inglesas”. Es decir, los tories quieren que solo los diputados de circunscripciones inglesas puedan votar en los asuntos que atañen exclusivamente a Inglaterra, acabando con la paradoja de que Escocia, cuyos dirigentes nacionalistas no quieren que Londres se meta en sus asuntos, sí decida con sus parlamentarios sobre leyes para Inglaterra.

Pero el nacionalismo ha vuelto a demostrar que es insaciable. Esta semana ha pedido al Gobierno de Londres ayudas para hacer frente a las pérdidas que está sufriendo por la caída de la cotización del petróleo. Se calcula que las mermas de los ingresos por los bancos del Mar del Norte le puede costar 7.000 millones de libras al año (casi 10.000 millones de euros) al erario público escocés. George Osborne, el ministro de Hacienda, ha anunciado que habrá colaboración ante ese problema. Pero además la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, sucesora de Alex Salmond, ha exigido que los parlamentarios escoceses sigan votando en algunas cuestiones específicamente inglesas, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra.

Paradoja

Sturgeon alega que las decisiones que se tomen sobre la sanidad inglesa afectan a Escocia, porque el gasto del Gobierno de Edimburgo está vinculado al de Londres. La líder nacionalista ha anunciado que apoyará a los laboristas de Miliband para detener “la privatización” de la sanidad inglesa por parte del Partido Conservador, un mantra clásico en el argumentario de los laboristas y del Partido Nacionalista Escocés. Aunque lo cierto es que los datos son tozudos: entre 2009 y 2015 el gasto de la sanidad inglesa creció un 4% y los escoceses, que tienen todas las competencias sobre la materia, lo recortaron un uno por ciento.