Los federales toman el control de 13 municipios sospechosos de estar infiltrados por el narco

La Policía Federal y el Ejército mexicano han tomado el control de 12 municipios de Guerrero y uno del Estado de México por la sospecha de que sus policías locales están vinculados con el cártel «Guerreros Unidos», responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala.

Lo informó el domingo en rueda de prensa el comisionado nacional de Seguridad, Monte Rubido, que dijo que los agentes de las 13 localidades –Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Ixcateopan, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tlepehuala, Teloloapan, Cocula, Iguala, Altamirano (Guerrero) e Ixtapan de la Sal (Estado de México)– fueron trasladados a Tlaxcala a la sexta región militar, para que la Secretaría de la Defensa Nacional revise la licencia de sus armas y la Procuraduría General de la República determine si están relacionadas con el crimen organizado.

Rubido, que apareció acompañado del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hizo pública, además, la detención del síndico (teniente de alcalde) de Iguala, Óscar Chávez Pineda, quien sustituía al alcalde José Luis Abarca desde que este pidiera licencia de su cargo y huyera.

Respecto a las víctimas, Rubido anunció que el Estado mexicano ha solicitado la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para otorgar medidas cautelares a las familias de los estudiantes desaparecidos, algo que ya había pedido Tlachinollan, la organización civil que está acompañando jurídicamente el caso. A los abogados de los jóvenes desaparecidos se les ha dado acceso total al expediente, dijo también el comisionado.

Según la Comisión Nacional de Seguridad, el despliegue para buscar a los 43 normalistas incluye 16 equipos de inteligencia, 16 perros adiestrados, 17 helicópteros, seis buzos y cuatro laboratorios móviles.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dicho en varias ocasiones que su prioridad es encontrar a los estudiantes y que se aplicará de manera estricta la ley «tope con quien tope».