Los vascos tendrán garantizada una renta básica de 737 euros que se elevará hasta los 1.426 para familias numerosas
La Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos también establece pensiones mínimas de 934 euros
Cuando entre en vigor la Reforma de la Ley de Garantía de Ingresos (RGI) que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, todos los vascos tendrán derecho a unos ingresos mínimos garantizados de 737 euros. Esta cuantía se elevará por encima de los 1.426 euros mensuales para familias numerosas. Las instituciones vascas asumirán el pago de estas cuantías cuando las familias no alcancen ese nivel de ingresos debido a sus circunstancias familiares.
«Se trata de que los vascos sepan que en Euskadi existe un colchón de seguridad si uno pierde el empleo», ha explicado Idoia Mendia, vicelendakari y consejera de Trabajo y Empleo. Para ello, el cálculo de las prestaciones se ha realizado tomando como punto de partida el Ingreso Mínimo Vital , que en el año 2020 se sitúa en 491,63 euros. A ese importe se sumará una partida general del 50% de la ayuda para todos los titulares; es decir 246 euros, lo que elevan el ingreso mensual a los 737 euros.
Esa misma cantidad se sumará también cuando exista un segundo adulto en la unidad familiar, por lo que las parejas sin hijos tendrán derecho a unos ingresos mínimos de casi 1.000 euros . Además, se añadirá un 30% más por cada hijo que haya en la familia, hasta un máximo de tres, lo que hace que una familia numerosa tenga derecho a una renta mínima de 1.426 euros. Además, la nueva normativa garantiza a los jubilados pensiones mínimas de 934 euros .
Otra de las novedades que incorpora la nueva normativa es el carácter indefinido de las cuantías. Hasta ahora la administración vasca concedía estas ayudas por periodos de dos años y los perceptores tenían que volver a renovarlas una vez vencía el plazo. Con el cambio legislativo, la RGI pasará a tener un carácter indefinido.
Bastará con llevar tres años empadronado en el País Vasco si no existen menores a cargo o dos años cuando se trate de familias con hijos pequeños, para tener derecho a solicitarla. Asímismo, los vascos que tuvieran que huir por el terrorismo de ETA, los descendientes de vascos que emigraron al extranjero o los refugiados podrán solicitar esta ayuda a pesar de que no hayan residido anteriormente en País Vasco.
Según ha explicado Mendia, el objetivo de la reforma es crear un nuevo sistema integral que favorezca la inserción de aquellos que no tienen suficientes recursos. Ha recordado además, que son ayudas que están «integradas» en la estructura económica vasca y que garantizar unos ingresos mínimos a las familias también repercute en el consumo , y por tanto, dinamiza otros sectores económicos.
Rechazar un trabajo
Desde sus orígenes, esta ayuda surgió con la vocación de tener un carácter temporal . Buscaba aportar un colchón económico a los beneficiarios hasta que encontraran la forma de superar un momento de dificultad. De ahí que hasta ahora no se permitiera a los perceptores rechazar ofertas de trabajo o cursos de formación; cuando el salario que reciben no alcanza los ingresos mínimos establecidos para cada categoría, la administración vasca complementa el montante que falta.
Sin embargo, con la nueva reforma, los perceptores sí podrán decir que no a un empleo sin perder sus derechos, en algunos supuestos . Es el caso de quienes argumenten que no pueden aceptarlo por motivos de conciliación. También se permite rechazar empleos que no se adapten al perfil profesional o desistir de cursos cuyo coste resulte excesivamente elevado en comparación con los ingresos que se reciben. En el resto de casos, no aceptar un empleo que la administración considere válido supondrá un sanción de seis meses sin percibir la ayuda.
El sistema de rentas mínimas tiene una larga tradición en el País Vasco. Las primeras ayudas de este tipo surgieron tras la reconversión industrial de la década de los 80 para dar salida a las miles de familias que se quedaron sin empleo tras el cierre masivo de plantas de industria pesada. Esta última reforma pasa por integrar el Ingreso Mínimo Vital que existe en el resto de España.
El País Vasco tiene transferida la gestión de esta ayuda social desde marzo de este año. Por lo tanto, los primeros 491,63 euros de cada ayuda deberán correr a cargo del Estado. En la práctica esto supone, según lo pactado entre las dos administraciones, d escontar 187 millones anuales del pago del Cupo que realizan cada año las diputaciones vascas.
Según ha explicado Mendia, su objetivo es poner en marcha el mecanismo legislativo «cuanto antes». De hecho, inmediatamente después de ratificarlo en el Consejo de Gobierno la vicelendakari ha enviado el texto al Parlamento para iniciar el proceso. En principio, el Gobierno de coalición cuenta con mayoría absoluta y no tendrá problemas para sacar la reforma adelante. Sin embargo, la intención pasa por buscar el respaldo también de otros grupos parlamentarios. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor antes de que termine el año.
