Maroto, sobre el caso San Antonio: «Siempre he dado la cara, voy a seguir luchando contra la corrupción»

El vicesecretario general de acción sectorial del PP, además de concejal y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Vitoria, Javier Maroto, ha utilizado su cuenta en Twitter para pronunciarse por primera vez sobre la sentencia del pasado viernes del Tribunal de Cuentas, que le condena junto al ministro de Sanidad en funciones y líder del PP vasco, Alfonso Alonso, y el resto del equipo municipal en 2007, al pago de casi 400.000 euros por «perjuicio» para las arcas públicas por un contrato de alquiler firmado hace nueve años. «Siempre he dado la cara por mi ciudad y por mis ideas con la cabeza muy alta. Y lo voy a seguir haciendo. Y luchando contra la corrupción. De forma contundente.

Ahora mas que nunca», asegura Maroto.

El dirigente popular, que en el momento de los hechos ocupaba el puesto de concejal de Hacienda -Alonso era alcalde, cargo que el propio Maroto ocuparía en la anterior legislatura-, transmite su «respeto» por la «resolución desfavorable de la consejera nombrada en ese tribunal a propuesta de IU», pero añade: «No la comparto. Y, por supuesto, la vamos a recurrir. Espero que la sentencia definitiva pueda salir antes del 26J y este asunto quede resuelto de una vez».

«Es importante resaltar que no se trata de un tribunal penal o de la justicia ordinaria. De hecho, la denuncia ante la justicia quedo archivada inmediatamente por el fiscal hace mucho tiempo. Ni siquiera se admitió a trámite. También quiero dejar claro que en esta demanda los denunciantes (PNV, entre ellos) NO han hablado NUNCA de corrupción. Ni siquiera de algo ilícito o penal», incide. 

«Estamos hablando de un expediente administrativo en el que se discute por el precio al que fue alquilado el local. Sin embargo, en la sentencia se deja claro que el Ayuntamiento debe pedir un informe orientativo sobre el precio que se debe pagar pero puede variarse cuando el precio de mercado es mayor, como en este caso. Es decir, estamos discutiendo si el precio debe ser 10€/m2 o 12€/m2. Tomamos la decisión que los técnicos nos recomendaron y siempre hemos defendido su profesionalidad», prosigue Maroto.

«¿Por qué se puso entonces esta denuncia por parte del PNV, entre otros?», se pregunta. «La denuncia se introduce 6 años después de firmar el contrato y en mitad de la campaña electoral de las elecciones municipales con el ánimo de que no hubiese resolución definitiva hasta después de los comicios. Pero vamos a hablar claro. El PNV ya conocía entonces que tendría en Vitoria 26 imputados por corrupción por cobro de comisiones», alude al caso San Miguel. «Les piden 458 años de cartel y más de 63.000.000€ en multas. El PNV estaría mejor callado en estos días y no dedicarse a difamar como está haciendo el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, compañero de escaño de alguno de esos imputados», detalla el dirigente popular.

En cuanto a Alonso, se espera que ofrezca sus impresiones sobre este asunto mañana, martes, durante la rueda de prensa posterior a la reunión en Vitoria del Comité de Dirección del PP vasco, que abordará el diseño y los ejes de la campaña para las elecciones generales.

El PP cierra filas; Urtaran insiste

El número 2 del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, ha apuntado tras una rueda de prensa celebrada este mediodía en Bilbao que «intentar convertir» el caso San Antonio en un episodio de «corrupción» suponer un intento de «tergiversar» y «desgastar» a su partido. Aunque entiende que es «parte del juego político», entiende que se hace un «flaco favor» con el único fin de «erosionar», cuando el PNV, por su parte, pretende resolver el caso De Miguel con una multa. Además, ha roto una lanza por Alonso y Maroto: «Son dos baluartes, dos valores importantísimos», que «si algo han demostrado es honradez y honestidad en su trayectoria política».

Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria, que figuraba entre los demandantes, ha anunciado que impugnará el recurso de apelación a la sentencia del caso San Antonio, si finalmente el Partido Popular lo presenta, «con el fin de defender el interés general y el patrimonio de todas y todos los vitorianos». El alcalde, el peneuvista Gorka Urtaran, ha asegurado que el fallo del Tribunal de Cuentas del Estado es «demoledor porque condena a los señores Alonso y Maroto por negligencia grave».

«Ha quedado demostrado que el contrato de esas oficinas beneficia solo a un empresario y perjudica a las arcas municipales y al bolsillo de la ciudadanía vitoriana», ha añadido.