Alonso y Maroto, condenados por el Tribunal de Cuentas por perjuicio público en un alquiler

El ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de acción sectorial de los populares, Javier Maroto, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas del Estado por un delito de perjuicio público dentro de un juicio contable, por la firma de un contrato para el alquiler de unas oficinas en la calle San Antonio de Vitoria en 2007, cuando ocupaban, respectivamente, los cargos de alcalde y concejal de Hacienda.

Según EP, el perjuicio económico ocasionado a las arcas municipales llegaría a los 393.000 euros, cantidad a la que deberían hacer frente junto al resto del equipo del gobierno municipal del período 2003-2007. El contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital vasca a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que un empresario había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Fuentes del PP vasco han indicado a ABC que esta sentencia, que van a recurrir, entraba «dentro de lo previsible», ya que recuerdan que la consejera de cuentas encargada del caso fue «nombrada a propuesta de Izquierda Unida» y designada a su vez por el PSOE. Por este motivo, entienden que tras el caso y la sentencia existe «una intencionalidad política».

Añaden que la Fiscalía se había retirado y solo quedaban las acusaciones particulares, ejercidas por los grupos del Ayuntamiento. Recalcan, además, que se trata de un proceso contable, y que «está cerrada la vía penal». El PP vasco, en una nota de prensa, ha subrayado que «es necesario recordar, además, que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Álava al no apreciar responsabilidad penal por no haber delito». Aseguran que el recurso se presentará porque consideran que «no queda acreditada la responsabilidad contable».

«Confiamos en que se aclare todo», añaden las citadas fuentes. En este mismo sentido se manifestaba el propio Alonso hace un mes, durante una rueda de prensa en San Sebastián: «Estoy contento de que por fin ya podamos ir terminando con este tema, y confiado de que se aclare todo de manera satisfactoria», indicaba. «Nadie discute que actuáramos con legalidad. No ha estado en cuestión nunca. Se discute si fue conforme al interés general público», subrayaba.