Las promesas para Madrid que Pedro Sánchez ha hecho a Garrido
Mejoras en infraestructuras de transporte, diálogo antes de reformar la Ley de Educación y estudio de fórmulas que mejoren la financiación
Buenas palabras sobre financiación y un compromiso verbal –presupuestario es inviable de momento, ya que no hay presupuestos– para invertir 6.000 millones de euros en Cercanías hasta 2025. Esto, y el desbloqueo del proyecto de la variante de la A-1, es lo que logró el presidente Ángel Garrido tras visitar ayer en La Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Ambos, viejos conocidos de los años en que ambos fueron concejales en el Ayuntamiento de Madrid –2004-2009–, mantuvieron ayer un encuentro en La Moncloa calificado por el jefe del Ejecutivo regional como «cordial».
Aunque no faltó en la conversación –de aproximadamente una hora, porque Sánchez se marchaba en viaje oficial a Cuba – el momento de los recuerdos del pasado común, lo cierto es que el grueso del encuentro sirvió para que Garrido le hiciera una lista de peticiones al presidente. Que él contestó con algún compromiso en materia de transporte y accesos a Madrid, y buenas palabras en cuanto a la deficiente financiación y otras cuestiones.
Por concretar, Sánchez anunció a Garrido que la variante de la A-1 podría tener proyecto en enero próximo, toda vez que el informe de impacto medioambiental que estaba pendiente ha resultado positivo, explicó el presidente del Gobierno.
Además, comprometió un gasto de 6.000 millones de euros para el plan de Cercanías de la Comunidad, una cifra que supera los 5.089 que estableció el Gobierno de Rajoy y que le habían reivindicado muy activamente desde el Ejecutivo regional. Los 6.000 millones de euros se invertirían hasta 2025, y los 1.000 primeros se gastarían en los dos próximos años en infraestructuras y renovación de flota de trenes.
Fondo de competitividad
Lo que más retraso lleva, reconoció Sánchez, es el bus-VAO de la A-2, pendiente de la firma de un convenio entre las tres administraciones –central, regional y municipal– que aún no está listo. Para concretar todos estos asuntos relacionados con el Transporte, el próximo lunes habrá una reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la consejera Rosalía Gonzalo.
En materia de financiación, donde los políticos populares llevan años denunciando un déficit de 1.000 millones de euros anuales en lo que reciben, Garrido llevó a La Moncloa una fórmula para paliar este «agujero»: eliminar el tope que existe sobre el fondo de competitividad. Este fondo «premia» a las comunidades con más dinamismo, pero fija un «tope» en su índice de capacidad fiscal por habitante de 1,06 cuando Madrid alcanza el 1,1.
Esas cuatro décimas de diferencia se traducen en una cantidad de entre 500 a 600 millones de euros anuales, que la región recibiría si se eliminara ese tope.Garrido le recordó a Sánchez esto y le pidió esa modificación, que el presidente del Gobierno estudiará. Sería una manera de atraer más ingresos a Madrid «sin perjudicar a ninguna otra comunidad, porque no son fondos que haya que detraer del resto de la financiación», aclaró Garrido.
Ambos políticos hablaron también de la llegada de menores inmigrantes no acompañados a Madrid, y del injusto reparto de fondos estatales para atenderlos, que ha supuesto para la región 1.500 euros de un total de 40 millones disponibles . El jefe del Gobierno autonómico le ha reclamado a Sánchez más medios para afrontar este problema. Y también que se cumpla la ley de atención a la dependencia: debería financiarse al 50 por ciento por Gobierno Central pero en realidad Madrid paga un 83 por ciento de esta partida.
También hablaron Garrido y Sánchez de la cobertura del fondo de cohesión en materia de Sanidad: Madrid atiende en sus hospitales a unos 30.000 pacientes al año de otras comunidades, y el Estado la compensa, pero «nunca se cubren más del 65 por ciento de los costes que realmente se tienen». El político madrileño defendió también el modelo educativo de la región, donde conviven educación pública y concertada, y pidió a Sánchez escuchar a las comunidades antes de cambiar la ley de educación.
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