La Comunidad ofrece ceder al Ministerio de Transportes el tren de Móstoles a Navalcarnero

El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha propuesto este jueves al Ministerio de Transportes cederle el tren de Móstoles a Navalcarnero, para que amplíe la red de Cercanías. La prolongación de la línea C5 supondría dar servicio a 210.000 vecinos de Móstoles e incluso permitiría soterrar las vías y eliminar así la brecha que ahora divide el municipio en dos, explican en la Comunidad. Este proyecto fue aprobado en tiempos de la presidenta Esperanza Aguirre , pero finalmente no se hizo, y desde entonces hay un litigio legal entre la Comunidad de Madrid y el adjudicatario de la obra, una filial de OHL, a cuenta de la conveniencia de pagar una indemnización por no llevar adelante el contrato y quién tendría que abonársela a quién.

El consejero Garrido ha explicado que al ceder la instalación, el Gobierno regional pretende darle utilidad a los 8 kilómetros de obra que se llegaron a ejecutar , de un total de 14,5 del proyecto, en los entornos de Móstoles y Navalcarnero. Lo realizado es «totalmente compatible con las líneas de Cercanías», asegura el consejero.

Desde Móstoles, el Ministerio podrá o conectar la línea como prolongación de la actual C5 desde Móstoles el Soto, o desde Móstoles Central, estación a la que llega también la línea 12 de Metro. Con esta segunda fórmula, se podrían soterrar las vías y eliminar así la brecha «que parte en dos la ciudad», recuerda Garrido.

El proyecto original contempla también una parada en Arroyomolinos, localidad con casi 33.000 vecinos y ahora poco conectado con Cercanías; una parada cerca del Centro Comercial Xanadú, que «sólo en 2019 recibió más de 14 millones de visitantes, que en su mayoría acceden en vehículo privado», insiste el consejero.

Fue en 2009 cuando el Gobierno regional adjudicó las obras de extensión de la línea C5 a Cemonasa, una filial creada por OHL, con un presupuesto de 370 millones de euros. Este contrato forma parte de la pieza número 3 del caso Lezo, que investiga el juez Manuel García Castellón. Tanto OHL como el Gobierno regional llevan años embarcados en una batalla legal sobre la resolución del contrato de obras y reclamándose mutuamente indemnizaciones.