Ayuso auditará el sistema de protección de menores tras el caso de las jóvenes prostituidas
Dancausa dará explicaciones hoy en la Asamblea de Madrid sobre la falta de control de las niñas de la red de trata
Toda la oposición parlamentaria en la Asamblea de Madrid analizará hoy con lupa la comparecencia de la consejera de Familia y Política Social, Concepción Dancausa, para explicar la responsabilidad del Gobierno de Ayuso en el caso de la red de explotación sexual de menores tuteladas por la Comunidad de Madrid y su colaboración en la investigación policial de la operación Sana . La responsable regional, que comparece a petición propia, planteará una medida para evitar que estos hechos puedan volver a repetirse. Dancausa anunciará que el Ejecutivo regional va a poner en marcha una auditoría funcional sobre el sistema de protección de menores de la región, «en un ejercicio de transparencia que pretende evaluar su eficacia y calidad», según han asegurado fuentes de la Comunidad. La consejera ya se ha dirigido a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que realice este análisis a través de su Inspección de Servicios.
La auditoría funcional encargada, que se pondrá en marcha en este semestre, analizará la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de la región, evaluando de manera «crítica, sistemática e imparcial» la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red autonómica y la calidad de la gestión que desarrollan.
La Inspección de Servicios de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo determinará el objeto y alcance del análisis, que se desarrollará de acuerdo a los principios marcados por la Administración General del Estado para las auditorías de funcionamiento. El objetivo final de este trabajo será identificar aspectos del funcionamiento de esta red que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión.
Si las explicaciones no satisfacen a la oposición, Más Madrid ya ha anunciado que reprobará a la consejera. Todos los grupos habían pedido esta comparecencia ante las dudas sobre la responsabilidad de la Comunidad en la tutela de estas menores.
Lo sabían desde abril
El sumario de este truculento caso (en el que al menos cuatro de las diez niñas de entre 13 y 16 años explotadas por una red de proxenetas y traficantes de droga eran prostituidas, violadas y utilizadas como ‘mulas’, estaban tuteladas de algún modo por la Comunidad) revela que al menos la responsable de uno de los centros de la región conocía lo que ocurría. E incluso la Fiscalía pidió a la Policía que se transmitiera a la Dirección General de Infancia y Natalidad la causa abierta, para que «adoptase cuantas medidas resulten necesarias para hacer efectiva su protección».
Es más, ya en mayo existe un documento en el sumario en el que se tiene constancia por parte de la directora de un centro de que la testigo protegido 1, la que peor se encuentra, regresaba drogada y vejada al lugar, tras fugarse durante varios días. Incluso se habla de que en el servicio asistencial público había dado positivo en la prueba de estupefacientes. Tenía entonces 14 años.
Y al menos desde un mes antes llevaba escapándose, como otras niñas, para caer en manos de la red, que las ‘vendía’ (incluido el padre de la primera) por base de cocaína o cannabis. El documento final de la Fiscalía de Menores mencionado es del 1 de septiembre, pero los agentes tutores de la Policía Municipal habían recogido a las menores en varias ocasiones después de la primera fuga , durante la primavera y todo el verano (entre mayo y septiembre).
Por ello, no se entiende que la Comunidad de Madrid, cuando se conoció la operación, este enero, dijera públicamente en Twitter que era falso que la red utilizara a menores tuteladas por centros de acogida (Hortaleza y El Picón, concretamente) de la red pública. Algo que siguieron negando hasta el día siguiente ; es más, afirmaron desde el Gobierno regional que se habían enterado de la investigación a raíz de publicarse la nota de prensa de la Policía, cuando los responsables de los centros sí estaban al tanto desde hacía más de seis meses. A ello hay que añadir que las 37 detenciones de los adultos se produjeron el 30 de noviembre, pero no habían trascendido al estar entonces el caso bajo secreto de sumario.
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