El PP reprocha a las eléctricas el vaciado «fraudulento» de los embalses en «connivencia» con el Gobierno
«Aumentar los beneficios es legítimo, pero no a costa del patrimonio natural»
El PP gallego se ha conjurado con sus alcaldes de los municipios afectados por el vaciado de los embalses para poner el grito en el cielo por esas «maniobras especulativas y fraudulentas» de las empresas hidroeléctricas con la «connivencia» de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), un organismo autónomo pero dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y que es la responsable de la gestión de los embalses de esa cuenca.
Los dardos contra el Gobierno central y los partidos de la oposición eran esperables y previsibles, pero desde las filas populares no han ahorrado tampoco reproches a Iberdrola y Naturgy , las dos compañías concesionarias para la gestión de los embalses, por su ánimo de lucro en estas acciones. No tienen duda alguna de que esa « maniobra especulativa» tuvo la pretensión de «aprovecharse» de la subida histórica del precio de la luz.
«Como empresa, aumentar los beneficios es legítimo, pero no a costa del patrimonio natural », ha espetado el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, en una rueda de prensa tras el cónclave celebrado este viernes en Santiago con algunos alcaldes de la zona y la conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez. La representante del gobierno autonómico tampoco ha ahorrado críticas a las hidroeléctricas por esa «acción irresponsable» , que califica de «ataque directo a los gallegos».
En síntesis, esto es lo que sucedió este verano. Las empresas hidroeléctricas, en base a la normativa autonómica, tienen la obligación de informar al organismo responsable –en este caso, la Confederación Hidrográfica– cuando prevén el vaciado de un embalse por encima del 80 % de su capacidad. Y la Confederación, a su vez, debe trasladar esta iniciativa a la Consellería de Medio Ambiente, para que esta tome las acciones que considere oportunas para proteger la fauna y flora acuícola. Pero en este caso no ha sido así.
Las compañías avisaron de los vaciados, pero no en tiempo y forma . Deberían haberlo hecho con un plazo mínimo de un mes, periodo que no respetaron. Lo comunicaron a la Xunta, pero no por los canales establecidos. Y también a la Confederación, organismo no lo reenvió esa información a la Consellería de Medio Ambiente, como estaba obligada. Sobre la comunicación recibida de forma directa, la Xunta y el PP se escudan en que no se había remitido al departamento competente sino al servicio de Emergencias del 112: «Menos mal que no lo remitieron a un hospital, que también depende de la Xunta», ironizó ayer el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Y tanto la X unta como el PP cargan tintas contra la Confederación por no avisar a la Consellería del vaciado, como sí había hecho en otras ocasiones.
«Hay una connivencia con las eléctricas, aquí no hay negligencia, hay connivencia» , ha insistido Tellado sobre el papel de la Confederación, incidiendo en que este organismo hace «el juego» a las compañías , queriendo «tapar la mala conducta» de las hidroeléctricas y «justificar su propia negligencia». Tellado tampoco ha pasado por alto que la Confederación la preside José Antonio Quiroga, el 'número dos' de los socialistas gallegos. «Supongo que dedica su tiempo a otras cosas, a velar por la continuidad de Caballero», ha ironizado el secretario de los populares gallegos.
«Dejadez absoluta»
La conselleira Vázquez también ha cargado tintas contra «la dejadez absoluta» de la Confederación ante los vaciados por haberlos permitido y de «llenar sus discursos con falsedades y cortinas de humo». Ahora, los populares esperan que el Ministerio tome cartas en el asunto para ver «si reaccionan ante algo gravísimo», pues «ningún gallego entiende» que con el precio de la luz en máximos históricos «se permita el vaciado de los embalses» . Las hidroeléctricas este verano dejaron los embalses orensanos de As Portas y Ceza, por ejemplo, a menos del 15 % de su capacidad.
Los populares presumen de que la Xunta ha sido la única institución que ha tomado medidas abriendo sendos expedientes sancionadores a las compañías hidroeléctricas y a la propia Confederación, aprovechando las competencias que la administración autonómica tiene en materia fluvial. El alcalde de Portomarín, Juan Carlos Serrano, ha hablado en nombre de los alcaldes populares de la zona cuando ha dicho que la Confederación en lugar de ser «un ente colaborador» es para ellos «un ente inquisidor» .
