La petición de un pleno extraordinario pone en riesgo el consenso sobre la AP-9

Si alguien entiende que el problema del veto de Fomento al traspaso a Galicia de la AP-9 «no está en el Estado sino en quien lo pide», advirtió ayer el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, cabe pensar que tiene más interés en buscar réditos políticos debilitando a la Xunta que en la propia transferencia. La petición de un pleno extraordinario —suscrita por las tres fuerzas de la oposición— para que el presidente del Gobierno gallego comparezca tras la segunda negativa del Ejecutivo estatal al traspaso, amenaza con resquebrajar el consenso parlamentario que ha acompañado la demanda de esta infraestructura a Madrid. PSdeG, BNG y En Marea no quieren que el debate se enfríe; consideran que el asunto no puede esperar al reinicio del periodo de sesiones tras el verano y solicitan una reunión de la Diputación Permanente con vistas a la convocatoria de un pleno extraordinario.

El plan desgranado por Feijóo durante la última sesión de control —reclamar al Estado que asuma el coste de los peajes de Rande y A Barcala para después retomar la reclamación de una autopista libre de cargas— no convence a la oposición. El portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, lee en esta estrategia un intento de «erosionar la postura de Galicia», argumentando un perjuicio para las arcas gallegas como herramienta para enfriar la pretensión autonómica. La transferencia «sólo puede mejorar la situación», sostuvo Leiceaga, indicando que de los 138 millones que recauda la concesionaria, 45 se dirigen vía impuestos a las arcas del Estado y otros tantos «son beneficio de la compañía y se dedican a dividendos». Cualquier paso atrás, defendió, sólo podría entenderse como un gesto de «complicidad» con el Ministerio de Fomento.

A los costes del traspaso esgrimidos por Feijoó se refirieron también los portavoces de En Marea y Bloque, que suman dos cuestiones más para abordar en sesión extraordinaria: respectivamente, el retraso en la publicación del decreto de desarrollo de la nueva renta de inclusión social y el impacto en el transporte escolar de la reorganización de rutas que tendrá que entrar en vigor en agosto. Para Luís Villares, el coste descrito por Feijóo, de unos 180 millones de euros, son «excusas de quien no es capaz de persuadir a sus propios compañeros de partido de la necesidad de respetar la decisión unánime del Parlamento gallego». Para la portavoz de los nacionalistas, Ana Pontón, las últimas declaraciones del presidente de la Xunta en sede parlamentaria «suenan a pitorreo y tomadura de pelo» porque, dijo, «sólo se puede calificar así que cuestione la viabilidad de la transferencia por siete millones de euros, justo en el momento en el que Rajoy pone sobre la mesa cuatro mil millones para rescatar las radiales madrileñas».

Puy: «No entienden nada»

Para el PPdeG, la oposición se equivoca al señalar al adversario y pidió a los grupos voluntad para mantener la «unidad de acción» en esta cuestión que, afirmó, sigue en la agenda del Gobierno gallego. Si intentan culpar a Feijóo es que «no entienden nada», dijo el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy. A expensas de lo que decida la Diputación Permanente sobre la petición de los grupos de la oposición, Puy avanzó que «lo más probable» es que a iniciativa del Gobierno sí se celebren sesiones en periodo extraordinario para que la Cámara se posicione respecto el techo de gasto que la Xunta presentará en los últimos días de julio o primeros de agosto.