Matices a la «fiebre» remunicipalizadora

Tras la irrupción de Podemos y las mareas en las últimas elecciones locales llegó el debate sobre la remunipalización de los servicios públicos. En Galicia ayuntamientos como Santiago, La Coruña o Ferrol han manifestado su interés por gestionar directamente el servicio de la ORA, el agua, las bibliotecas o la luz. Pero hasta ahora sus intentos no han dado prácticamente ningún resultado. Rescatar las concesiones ya era antes complicado jurídicamente, pero la trasposición de varias directivas europeas a la legislación española el pasado 9 de noviembre obliga a los gobernantes a justificar aún más esta decisión.

El exministro de Justicia Francisco Caamaño, el expresidente del Constitucional Pascual Sala y el catedrático de Derecho penal Gonzalo Quintero recalaron ayer en Santiago para presentar su último libro, «Servicios públicos e ideología. El interés general en juego», tras pasar por otras ciudades gobernadas por los rupturistas como Zaragoza, Madrid o Barcelona.

En el libro realizan un análisis de la nueva legislación europea que ha regulado la gestión directa o indirecta de los servicios públicos . «Aportamos un soporte jurídico para quien tenga que decidir acerca de cómo gestionar los servicios públicos», resumió Caamaño. Según explicó Pascual Sala con las nuevas leyes no llega con apelar al interés general para eliminar una concesión . «Hay que razonarlo, explicar por qué es mejor, más eficaz y más eficiente la gestión directa que la indirecta», subrayó el expresidente del Supremo y del Constitucional. El otro gran cambio de la normativa europea tiene que ver con las mayores exigencias a la hora de establecer los pliegos de condiciones cuando sea una empresa privada la que gestione el servicio.

Para los autores, en los últimos tiempos existe una «fiebre» remunicipalizadora . En su opinión, procede de posiciones «ideológicas» que nada tienen que ver con una mejor prestación para los ciudadanos. Los juristas, que fueron presentados por el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago Jesús Asorey, defienden que la colaboración público privada es una fórmula totalmente válida y usada por las administraciones desde el siglo XIX.

Caamaño consideró equivocado actuar con «prejuicios previos» acerca de si es mejor una u otra vía de gestión. «Hay quien considera que externalizar equivale a privatizar» lo que es «un error», manifestó para explicar que en el primer caso el servicio continúa siendo público. Caamaño abogó por usar las cláusulas de los pliegos de contratación a las empresas «para hacer política social». Apuntó que se les pueden exigir a las concesionarias garantías de empleo estable a sus trabajadores, paridad, elementos medioambientales, pero insistió en que no es necesario renunciar a la gestión externa. El exministro socialista aseveró también que en el pasado ha fallado la supervisión por parte de los gobernantes del servicio que se ha subcontratado o se han realizado contrataciones «a la ligera» que han acabado con rescates millonarios para las arcas públicas. «A la vista del derecho comunitario no hay una cosa mejor que otra (gestión directa/indirecta), todas tienen sus consecuencias y sus responsabilidades jurídicas», alertó. También explicó que resolver una concesión otorgada a una compañía es «muy difícil» si no existen incumplimientos del contrato adquirido.

Para el catedrático de Derecho penal Gonzalo Quintero Olivares, la «imagen pública» que «demoniza la presencia de lo privado» responde a un «progresismo infantil y regresivo» . Quintero reconoció que los múltiples casos de corrupción asociados a las concesiones de obras y servicios por parte de las administraciones públicas explican la «fiebre remunicipalizadora» actual. Frente a esta situación, el catedrático apostó por cumplir la nueva legislación europea que establece las condiciones tanto para contratar a una empresa que preste un servicio público, como para terminar con una concesión.