Jorge Dorribo acepta seis años de prisión por la operación Campeón
Ocho meses para el popular Pablo Cobián y multas para los exdirectivos del Igape
Un total de 12 de los 13 acusados en la operación Campeón —que investiga supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica—han llegado a acuerdo con la Fiscalía tras finalizar la vista previa, celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Lugo, a la apertura de juicio oral.
Entre ellos se encuentra el principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, que ha aceptado cinco años y 11 meses de prisión —inicialmente se pedían hasta 19 años— , así como multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
Solo un acusado no ha llegado a pacto, Javier Rodríguez, de la empresa Proitec, quien pedirá la nulidad de la causa. Su abogado, José Luis Fiuza, en declaraciones a los medios de comunicación finalizada la vista, insistió en la inocencia de su cliente, quien busca «defender su honestidad».
De este modo, el juicio oral se tendrá que celebrar igualmente el próximo 24 de octubre —a falta de la resolución previa de la nulidad pedida por Javier Rodríguez—, pues solo se habría suspendido si todas las partes hubieran pactado con la Fiscalía.
La operación Campeón, iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense que dirigía el principal procesado. Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el exministro José Blanco.
Penas
Entre los que han llegado a acuerdo está el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, con dos años de cárcel (se pedían más de 10) y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible. También se encuentra el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien acepta ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.
Por su parte, para los exaltos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela y Carlos Silva se imponen multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Sin embargo, contra la exdirectora de Financiación del Igape Cristina Quintela se ha retirado la acusación.
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