Segundo día de huelga indefinida

Los funcionarios de justicia elevarán la presión si no hay acuerdo con la Xunta

Los juzgados vuelven a pararse tras un 90% de seguimiento, según las centrales, y un 42% para Vicepresidencia. Las sindicatos anuncian para la semana manifestaciones en todas las ciudades y Feijóo insiste en su llamada al diálogo

Concentración de los trabajadores de la justicia celebrada ayer ante los juzgados coruñeses CABALAR/EFE

NATALIA SEQUEIRO

Los juzgados gallegos han vuelto a paralizarse en el segundo día de la huelga indefinida de justicia . Los funcionarios mantienen el pulso con la administración autonómica a la que demandan mejoras salariales y anuncian que de no lograrse un acuerdo con la Xunta elevarán la presión la semana próxima. Mañana los siete sindicatos que convocan los paros ofrecerán una rueda de prensa en Santiago en la que anunciarán manifestaciones en todas las ciudades gallegas . Las negociaciones con la administración continúan rotas, aunque esta mañana el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en que la propuesta de subida de retribuciones planteada por la Xunta y rechazada por las centrales «sigue sobre la mesa».

En la segunda jornada de la huelga los sindicatos afirman que el seguimiento ha sido similar al del día anterior, alrededor del 90-95%. «Prácticamente todos los juicios previstos se suspendieron, salvo alguno aislado» , explica Manuel Tejada, presidente del comité de huelga del sindicato USO, el mayoritario en los juzgados gallegos. La Xunta, sin embargo, ha aumentado en casi cuatro puntos el dato ofrecido el miércoles, hasta el 42%. Para calcular el porcentaje, Vicepresidencia incluye al personal que debe ir a trabajar por estar dentro de los servicios mínimos y el que se encuentra de baja justificada. De los 1.812 trabajadores que podían elegir secundar la huelga, 1.137 han decidido quedarse en casa, según las cifras de la Xunta.

Durante la jornada se han repetido las concentraciones de funcionarios frente a los principales juzgados y además, los trabajadores se han puesto a la cola en los registros civiles como forma de protesta colapsando estos servicios. En La Coruña, las personas que aguardaban su turno para hacer un trámite hacían una fila que llegaba al exterior del edificio, informa Ep. En este organismo, han explicado los sindicatos, solo se practican actos urgentes ordenados por los servicios mínimos, como las licencias de enterramiento. Las numerosas peticiones en el registro han formado también largas colas en los juzgados de A Parda, en Pontevedra, donde las esperas superaban la hora; y, en Vigo, los trabajadores en huelga entraron en el registro, «colapsando» las instalaciones. Rodeado de unos 200 funcionarios en la concentración frente a los juzgados coruñeses, el secretario del sector de Xustiza de la CIG, Xesús H. Sánchez, ha considerado un «sinsentido» la postura de la Xunta frente a un conflicto que «se prolonga en el tiempo». «Lo normal es negociar hasta el último minuto, pero en este caso, pasan de todo, ni siquiera la patronal más dura mantiene una actitud obstinada», aseveró Sánchez.

Sobre la mesa

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente autonómico ha admitido que le «preocupa» la huelga indefinida de la justicia en Galicia. Feijóo ha insistido en los argumentos esgrimidos por la Xunta en días pasados y ha remarcado que fueron los sindicatos los que se «levantaron» de la mesa de negociación. El presidente ha recordado, además, que la oferta económica planteada por la Administración sigue «sobre la mesa».

La Xunta ha reconocido que era necesario mejorar el complemento autonómico que reciben los trabajadores de los juzgados —los salarios de jueces y letrados los paga la administración central—. En anteriores reuniones les ha ofrecido una mejora que alcanzaría los entre 660 y 900 euros anuales , dependiendo de la categoría laboral, que se alcanzarían en 2021. Aunque para la administración gallega se trata de una oferta generosa que, como ha recordado Feijóo, los situaría en la media española o incluso por encima, los sindicatos la consideran «pírrica». Las centrales demandan unos 3.000 euros anuales , que la Xunta insiste en que serían «inasumibles» para las arcas públicas.

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