Estados Unidos autoriza el acceso a las redes sociales de los investigados por matar a Samuel Luiz en La Coruña

Con las diligencias practicadas hasta el momento hay indicios de sobra para sentar en el banquillo a los supuestos responsables d e la salvaje agresión que acabó con la vida del joven coruñés Samuel Luiz , según explican a ABC fuentes de la investigación. Pero el acceso y análisis de las redes sociales de los detenidos, ahora autorizado por la justicia estadounidense , podría arrojar nuevos indicios para reafirmar sus responsabilidades en el crimen.

Hacía tiempo que la instrucción del caso, dirigida por un juzgado coruñés, estaba prácticamente finiquitada. Quedaban los flecos, lo más farragoso burocrática y técnicamente : el análisis de las redes sociales de los presuntos implicados, en esencia Instagram y Whatsapp, tras s ospechar la Policía Nacional que habían borrado mensajes enviados y publicados en sus cuentas. Al tratarse de compañías estadounidenses, fue necesario que el juzgado coruñés enviase a la justicia norteamericana una comisión rogatoria solicitando el acceso a los mismos. Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los jueces norteamericanos han respondido ya «en sentido positivo». La Policía ya tiene los datos solicitados y deberá elaborar un informe sobre su contenido.

Los mensajes de los implicados en el crimen, ocurrido la madrugada del pasado 3 de julio —el domingo se cumplirá un año— en una zona de copas en las inmediaciones del paseo marítimo de La Coruña, podrían dar pistas sobre qué se dijeron los detenidos entre ellos —y a sus allegados—, antes, durante, y, sobre todo, después de agresión colectiva que acabó con la vida del joven enfermero de 24 años. También podrían dar pistas de si existieron motivaciones homófobas .

Son siete los jóvenes supuestamente implicados en la muerte de Samuel Luiz . Dos de ellos, que eran menores en el momento de los hechos, y cuyo proceso judicial se tramitó al margen, aceptaron recientemente, en una sentencia de conformidad , una condena de tres años y medio de internamiento en un centro en régimen cerrado por un delito de asesinato. De los cinco adultos, tres están en prisión provisional —desde que fueron detenidos— y otros dos permanecen en libertad, pero deben comparecer periódicamente en el juzgado.