AYUDAS A A PESCA

Armadores gallegos llevan cuatro años sin cobrar los fondos europeos

El Gobierno central debe a Arvi 2,5 millones de proyectos ya realizados para los que tuvo que adelantar dinero

Pez espada recién descargardo en la lonja de O Berbés MUÑIZ

NATALIA SEQUEIRO

Desde 2014 el Gobierno central no ha abonado a las organizaciones de productores los fondos europeos de pesca . Los proyectos están realizados y las empresas que forman parte de estas agrupaciones han tenido que pedir prestado el dinero. Pero el Estado sigue sin pagar las ayudas consignadas por la UE para apoyar al sector en su transición a la pesca sostenible , para intentar que las comunidades costeras diversifiquen su economía o para fomentar la competitividad y viabilidad empresarial, entre otros objetivos.

«Es la primera vez que pasa. A estas alturas que se retrase tanto ya no es normal», explica José Suárez-Llanos, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), quien advierte que otras comunidades autónomas como Galicia sí que han abonado su parte . Para recibir los fondos europeos, las organizaciones de productores tienen que presentar proyectos acordes con la filosofía del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Una vez aprobados, los realizan, para lo que recurren habitualmente al crédito, y presentan un informe definitivo antes de cobrar las ayudas . De pagarlas se encarga cada comunidad autónoma cuando sólo están implicadas empresas de su territorio o el Estado cuando los proyectos se realizan entre socios de distintas autonomías. «Es habitual que se retrase el dinero un año o un año y pico, pero que de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 no hemos recibido ninguna ayuda», denuncia Suárez-Llanos.

A los armadores vigueses les deben unos 2,5 millones de euros por proyectos realizados con socios andaluces o vascos en el sector del congelado. Pero el director gerente de Arvi explica que en total el Gobierno central tiene sin pagar fondos FEMP por un importe que rondaría los diez millones de euros a organizaciones de toda España.

En los últimos cuatro años Arvi y sus socios desarrollaron, por ejemplo, una aplicación para que los pesqueros tuviesen claro en todo momento qué prácticas son legales y cuales no en la legislación europea y tratar de minimizar la pesca ilegal. También han desarrollado campañas de promoción para tratar de igualar la oferta y la demanda de pescado, proyectos para homegeneizar el etiquetado de pescado o la APP Fish and Health, en la que el usuario puede incorporar sus hábitos alimenticios y un nutricionista le explica cuanto pescado debería consumir para lograr una dieta equilibrada.

Los armadores de Vigo también contrataron a una empresa alemana para tratar de crear redes de pesca más selectivas, que capturen solo la especie que de la que tienen cota y no otras. El proyecto intenta minimizar el impacto de la nueva normativa de descartes que entrará en vigor el próximo año y obliga a las flotas a desembarcar todo el pescado que entra en sus redes y no devolverlas al mar. El problema es que la UE no les ha dado suficiente cota para capturar esas otras especies. «Hemos tenido que renunciar a otros proyectos que teníamos previstos porque no teníamos como pagarlos y no podíamos adelantar el dinero», lamenta Suárez-Llanos.

Sin representación

Si quieren seguir teniendo voz en la política pesquera comunitaria, las organizaciones de productores (que agrupan a diferentes empresas del sector) deben realizar este tipo de proyectos vinculados a los fondos FEMP. «Te obliga la propia legislación comunitaria, si no los haces te retiran el reconocimiento como organización y ya no puedes tener ningún tipo de ayudas, ni representación», explica el director gerente de Arvi. La cooperativa espera que con la aprobación de los presupuestos generales del Estado se desbloqueen las partidas , aunque al menos el 50% de los fondos ya se habían reservado. Desde el Ministerio, indica Suárez-Llanos, justifican el retraso en que «ha engordado la burocracia y las exigencias de la UE» . Pero Arvi recuerda que con las mismas normas hay otras comunidades como Galicia que ya han pagado. «Le falta el año pasado pero es lógico, siempre suele ser con un año de diferencia», explica.

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