El juez considera el caso de los enchufes de Benidorm una «causa compleja»

La estrategia de defensa del exalcalde de Benidorm Agustín Navarro -hoy diputado provincial- de que los 43 posibles enchufes a familiares y afines socialistas durante su mandato solo pueden incurrir en alguna «irregularidad administrativa» se ha derrumbado después de que el juez lo haya considerado una «causa compleja», un nuevo estatus legal que lo equipara a la corrupción.

En una providencia con fecha del 8 de enero, el magistrado José Francisco Bernal comunicó al fiscal que puede fijar un nuevo plazo para la finalización de la instrucción, que hasta ahora estaba fijado en el 6 de junio próximo. Esta posibilidad está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su modificación reciente.

La norma nació para agilizar las causas, al fijar seis meses como máximo para su instrucción, menos en las declaradas de «complejidad», cuya investigación «recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de encausados o víctimas; exija la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídicas privadas o públicas y que sea un delito de terrorismo».

Declara Gema Amor

La portavoz del grupo municipal Liberales de Benidorm, Gema Amor, declaró ayer como testigo ante el juez sobre estas supuestas irregularidades durante el mandato de Navarro, en la segunda comparecencia más extensa hasta ahora, 45 minutos. Buena parte de este tiempo la dedicó a achacar este asunto a motivaciones políticas del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), que denunció los enchufes desvelados por ABC, si bien la denuncia llegó al juzgado de manos de la Fiscalía. Amor ratificó su manifestaciones hechas años atrás acerca de la poca transparencia en las contrataciones de trabajadores en el Ayuntamiento, aunque matizó que solo se refería a las relativas a los planes de Empleo.

De hecho, se le preguntó por qué votó en contra de la Relación de Puestos de Trabajo en 2010. Un año después la concejal empezó a gobernar dando su apoyo y la Alcaldía al PSOE, y ya no volvió a criticar estos contratos hasta la víspera electoral en 2015, cuando escenificó la ruptura de este bipartito. De hecho, ayer testificó que sus palabras críticas al principio se enmarcaban dentro de la confrontación política en un momento en el que su grupo estaba en la oposición.

Varios funcionarios municipales declararon también ayer ante el juez y trataron de justificar la incorporación de vigilantes de playa, aunque en el interrogatorio se argumentó en contra que esas tareas las deben realizar policías locales y no simples inspectores. Asimismo, aportaron a la causa informes de idoneidad de estas plazas laborales sin fecha, lo que arroja dudas sobre su autenticidad, según fuentes cercanas al caso. Uno de los testigos negó de entrada conocer a Antonio Cruañes, coordinador de Deportes, para luego referirse a él como «Toni», lo que suscitó también sospechas.