SumarioXimo Puig llevó en las listas del PSPV a un dirigente de UGT imputado por mlaversación y fraude en Imelsa

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, llevó en las listas electorales a Rubén Darío Estornell Huguet, imputado en la pieza separada del caso Imelsa que investiga los presuntos contratos de personal irregulares en la empresa pública de la Diputación de Valencia. Estornell, que en la época que se investiga era secretario de acción sindical de UGT en Imelsa, figuró en el puesto 36 de la candidatura del PSPV-PSOE a las elecciones autonómicas de 2015 por la provincia de Valencia, pero no logró acta.

El auto dictado por el juez de instrucción número 18 de Valencia dicta que Estornell debe ser investigado por ser «presunto partícipe en los delitos de malversación y/o fraude en la contratación pública».

Aunque la trama afecta especialmente a exdirigentes del PP, el sumario desvela la implicación de dirigentes del PSPV, Compromís y Esquerra Unida, aunque Estornell es el único de los veintiocho imputados con relación directa con los socialistas. Además, tiene pendiente declarar ante el juez las próximas semanas para aclarar su implicación, ya que no lo hizo ante la Guardia Civil.

En una carta fechada el 16 de mayo, Estornell presentó su dimisión como secretario general de la sección sindical de UGT en Imelsa por «coherencia con mis principios democráticos y hasta que pueda demostrar mi inocencia». La misiva concluye que «ha sido un privilegio representar a UGT en una empresa tan compleja como Imelsa».

De acuerdo con fuentes del PSPV de Valencia ciudad, Estornell todavía figura en el censo como militante y pertenece a la agrupación de Ciutat Vella (anteriormente estuvo en la de Ruzafa), especialmente vinculada a la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

De hecho, la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia y en el epicentro de la trama de corrupción que investiga el juzgado de Instrucción número 18 de la ciudad, funcionaba como una agencia de colocación durante los años en que el popular Alfonso Rus presidía la institución provincial y Marcos Benavent (el autoproclamado «yonki del dinero») ejercía como gerente. Así se desprende de las declaraciones de Benavent ante el juez instructor y ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable las investigaciones.

En su declaración ante la UCO en junio de 2015 Benavent confesó que «todo el personal contratado en Imelsa ha sido contratado a dedo», según el informe que obra en el sumario -al que ha tenido acceso ABC-, y que «esas contrataciones respondían a favores que le eran solicitados» al gerente. Entre las personas que le solicitaron dichos favores Benavent cita a Alfonso Rus, Emilio Llopis (el jefe de gabinete del primero), Juan José Medina (vicepresidente de la Diputación), José Manuel Orengo (portavoz del PSOE en esa época), Emili Altur (portavoz de Compromís), Raúl Pardos (diputado del PSOE), Rosa Pérez (diputada de Izquierd

a Unida), el propio Rubén Estornell (UGT) y Ruth López (CSIF).

Durante sus investigaciones a raíz de la operación Taula, desarrollada en enero y febrero de este año, la UCO citó a declarar a los dirigentes de PSOE, Compromís y EU señalados por Benavent en su declaración. No obstante, ninguno (a excepción de Rubén Estornell) está imputado en esta pieza separada del caso Imelsa. Tal como publicó ayer ABC en exclusiva, Benavent señaló al juez que, durante su gerencia, contrató «a 200 o 300 personas», y que «la mayoría ni iban por allí».

El juez no solo investiga los contratos ficticios en Imelsa, sino también las abultadas indemnizaciones que cobraban algunos despedidos, y que en ocho casos se consideran «desproporcionadas». Entre estos últimos destaca el de Honorio Estornell, exalcalde de Llutxent por Izquierda Unida y exdelegado sindical de UGT en la empresa. Estornell fue despedido en 2008, año en el que solo estuvo dado de alta el 1 de enero. Por ese único día, festivo, percibió una retribución de 37.607 euros, según el informe de la UCO -que recoge datos de Hacienda-, y además otros 72.251 euros de liquidación por el despido.

«No fichaban»

En el sumario obra también un correo de la responsable de Gestión y Formación, María Gracia Escrihuela, con un listado en excel del «personal que no ficha». Un listado donde figuran algunos de los 28 imputados, y que abona la tesis de la UCO, basada en la confesión de Benavent, de que Imelsa pagaba el sueldo a personal que en realidad no trabajaba allí en función de los intereses de los políticos de la Diputación. Entre esos casos destaca el del mediocentro del Olímpic de Xàtiva que cobró de Imelsa los dos años que jugó en el club de fútbol que presidía Rus.