Ribó mantiene la subida del IBI pero acuerda compensar a pequeños comercios con subvenciones

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha acordado este jueves por unanimidad, en la sesión ordinaria de septiembre, crear una línea de subvenciones destinada a los autónomos, las microempresas y las pequeñas empresas de la ciudad afectadas por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) planteada por el gobierno local a los comercios que ocupan locales con un valor catastral a partir de los 250.000 euros.

Las ayudas acordadas no están dirigidas a subvencionar el pago del IBI pero ayudarán a estos pequeños comercios a tener ingresos con los que compensar el incremento de dicho impuesto. Asimismo, con ellas se atiende a las protestas que este colectivo había hecho por el aumento del tributo y se liman las diferencias surgidas respecto a éste tanto en el seno del ejecutivo municipal --el PSPV pedía que la subida se produjera a partir de los 350.000 euros de valor catastral frente al criterio de Compromís y de València en Comú de fijarlo a partir de los 250.000 euros-- como con los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos (C's).

El acuerdo alcanzado en el pleno por los cinco partidos políticos que conforman la corporación local se ha logrado a partir de la moción alternativa presentada por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, a las mociones planteadas en la sesión por el PP y C's. El grupo municipal 'popular' pedía que la subida del IBI se aplicara a partir de un valor catastral para uso comercial de un millón de euros o que el tipo de gravamen diferenciado del 1,10 por ciento se aplicara a partir de los 350.000 euros. Ciudadanos planteaba en su propuesta esta última cuestión.

Así, el pleno ha decidido, al aceptar la alternativa de Vilar para "colaborar a la promoción de la competitividad y mejora del comercio", crear "una línea de subvenciones específica destinada a la promoción económica y comercial para aquellos comercios que ocupen locales cuyo valor catastral esté entre 250.000 y 350.000 euros" que "irá principalmente destinada a aquellos comercios cuya titularidad corresponda bien a autónomos, a microempresas o pequeñas empresas".

Igualmente, el acuerdo incluye crear "un programa de turismo de shopping, con la participación de los agentes sociales de la ciudad, tanto operadores de turismo como asociaciones empresariales y sindicales del comercio, que contribuya a ofrecer a los visitantes una oferta comercial atractiva y cada vez más accesible, ampliando la oferta de productos y promoviendo el incremento del gasto de los turistas".

Además, se ha aceptado que en el presupuesto del Ayuntamiento de 2017 se incrementen "las partidas destinadas a la promoción específica del comercio". Vilar ha considerado, como recoge su moción, que este sector es "un elemento de cohesión social y ciudadana".

En su propuesta asegura que "la actividad comercial va mucho más allá del mero aspecto mercantil" ya que "además de suponer una importante actividad económica y ser un factor de creación de empleo, supone un elemento de cohesión para la ciudad, generando una trama urbana que sociabiliza las ciudades". Ha destacado que a esto se suma la característica de ser "un polo de atracción turística de singular importancia".

Durante el debate de estas mociones, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha indicado que su grupo se opone "a la subida de impuestos", como ha dicho "desde el minuto uno" y "siempre sobre las tasas y ahora con el IBI". Ha considerado que "en el momento en el que nos encontramos es necesario mantener una baja fiscalidad y no plantear una subida de impuestos".

«Reconocer el error»

Monzó ha mostrado su respaldo a la alternativa presentada por el gobierno local y ha dicho que "viene a reconocer parcialmente el error" de incrementar el IBI para los comercios a partir de los 250.000 euros de valor catastral de los locales. Ha manifestado que espera que la línea de subvenciones propuesta sea "legal" y cumpla los requisitos administrativos necesarios.

Asimismo, Eusebio Monzó ha apuntado que la subida planteado "muestra el desconocimiento del sector comercial de la ciudad" ya que con esa medida se "beneficia a las grandes cadenas, a los que no se han quejado, y pierden los pequeños comercios".

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos (C's), Fernando Giner, ha señalado que la subida propuesta "no sólo es para los que más tienen" porque es "un impuesto que afecta de nuevo a las clases medias", además de estimar conveniente "ver a quién afecta y dónde están los inmuebles" a los que va dirigida.

Giner ha apuntado que en la actualidad "el comercio valenciano tiene un problema de inseguridad jurídica" por las decisiones del gobierno local, tras lo que ha mencionado "la incertidumbre sobre los horarios comerciales", protestas por peatonalizaciones y las del Mercado Central.

«Con un martillo»

El edil ha considerado que la moción alternativa presentada por Vilar supone un "punto de inflexión" en el planteamiento previo del gobierno local sobre el IBI y ha dicho al alcalde, Joan Ribó, que aunque se tenga "una ideología" es "necesario gobernar para toda la ciudad", con "sentido común", y no hacerlo "con un martillo porque sólo verá clavos".

Por otro lado, en el pleno se han debatido y aprobado provisionalmente, con el voto a favor del gobierno local y con la abstención o el voto en contra de Ciudadanos y del PP según el caso, la modificación de la Ordenanza Fiscal General para 2017 y otras como las de uso de espacios públicos, telefonía móvil, mesas y sillas, centros residenciales municipales, mercados, servicios de sanidad y funerarios e ICIO.

«Congelación total»

Giner ha acusado al gobierno local de no tener modelo para Valencia y ha reclamado una "política de estado de la ciudad" para saber "qué desarrollar", mientras que Monzó ha reiterado que al PP "no le gusta que se suban los impuestos", sobre todo, "en un momento de recuperación económica" y ha apostado por "mantener la presión baja".

El edil de Hacienda ha asegurado, en respuesta, que este año hay una "congelación total de impuestos y tasas" y que "no se suben en ningún caso". En el caso de la tasa de mesas y sillas, Vilar ha dicho que no tiene afán recaudatorio y que "se ha hecho para redistribuir mejor la carga fiscal" sobre un "espacio público que se ha de regular".