Intervención advierte a la Generalitat de irregularidades en la adjudicación de unos barracones

La adjudicación de unos barracones por parte de la Conselleria de Educación se ha realizado de forma irregular y con infracciones, según un informe de Intervención fechado el pasado 9 de diciembre.

Concretamente, se refiere al suministro de aulas educativas provisionales a la empresa ABC Arquitectura Modular S.L. para varios centros: por importe de 14.520 euros para los de CRA de Benavites (en Quart de les Valls) y el Ceip l'Ermita (en Benifairó de les Valls); o por 2.462,59 euros para el Ceip Sant Francesc de Borja (en Llombai), entre otros.

El documento señala que en la tramitación del expediente «no se han respetado los principios de publicidad y concurrencia; no se incorporó el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el contrato; y se omitió la fiscalización previa del gasto en los términos previstos en la Ley de Hacienda Pública».

En definitiva, se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido para la contratación.

Por todo ello, se resolvió el inicio de un expediente de indemnización por enriquecimiento injusto de la Administración a favor de la empresa. En él se explica cómo, para el aula prefabricada en Llombai, el director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria informa el 27 de octubre de 2015 de la necesidad de incorporar un barracón de 30 metros cuadrados. «Iniciados los trámites para la contratación de esta actuación por medio de un contrato menor, se solicitan presupuestos, resultando la propuesta más ventajosa la presentada por la empresa ABC Arquitectura Modular S.L.», detallan. El día 9 de noviembre se resolvió la adjudicación de este contrato menor.

El 23 de noviembre de este mismo año, la Intervención Delegada formula una objeción relacionada con la necesidad de respetar el procedimiento abierto, pero Educación sigue adelante porque la no instalación de las aulas prefabricadas «supondría un grave trastorno para el interés general al incidir negativamente sobre los espacios necesarios para el proceso de escolarización». Frente a esta «imposibilidad», la empresa prestó el sumisitro y el acta de ocupación se firmó el 14 de diciembre de 2015.

Todo ello pone de manifiesto que se omitió el procedimiento de contratación regulado, por lo que se inició el expediente de indemnización por enriquecimiento injusto a favor de la empresa. Este tipo de documentos son frecuentes en casos de urgencia (cuando no puede dejar de prestarse el servicio), aunque fueron duramente criticados por los partidos del actual Consell cuando estaban en la oposición por el uso que de ellos hacía el PP.

Acuerdos publicados este diciembre

Los resarcimientos a ABC Arquitectura Modular S.L. fueron publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el pasado 21 de diciembre en concepto de gasto ocasionado por la prestación del suministro de barracones durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de octubre de 2016 en el caso de los centros de Quart de les Valls y Benifairó de les Valls; y durante entre el 14 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en el caso del del Llombai.

Las irregularidades detectadas por Intervención fueron denunciadas este lunes por la diputada del PP Beatriz Gascó, quien pedía explicaciones a los actuales gestores. Desde el departamento que dirige Vicent Marzà respondían hoy para asegurar que el supuesto enriquecimiento injusto para alquilar aulas prefabricadas responde a un contrato menor hecho efectivo el 4 de agosto de 2014 por parte de la Conselleria cuando estaba a cargo la popular María José Català.

«Tal como señaló la Intervención de la Generalitat en su momento, la exconsellera Català tendría que haber iniciado un contrato mayor de alquiler de barracones en centros educativos para el inicio del curso 2014-2015, lo que no realizó en ningún momento. Es por eso que durante 2016 este departamento tramitó un contrato mayor al respecto que está a punto de adjudicarse», explican.

Desde el PP, sin embargo, remarcan que los períodos de tiempo en los que se han aprobado corresponden al actual Gobierno autonómico y que la prórroga del contrato finalizó en mayo de 2015, por lo que «nadie les obligaba a continuar con ese procedimiento».