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Tribunales

Explotación en el campo alicantino: jornadas de 14 horas sin cobrar ni cotizar a la Seguridad Social

Un juzgado impone veinte meses de cárcel para un empresario agrícola por explotar a 39 empleados

VALENCIA Actualizado: Guardar
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Obligaba a sus jornaleros a trabajar catorce horas sin darles de alta en la Seguridad Social y sin cobrar. Un tribunal de Alicante ha impuesto este martes un año y ocho meses de prisión y una multa de 1.500 euros a un empresario agrícola por explotar a 39 trabajadores en campos de Monforte del Cid y Novelda.

La sección segunda de la Audiencia de esta provincia ha dictado la sentencia esta misma mañana, durante una vista oral en la que el acusado, José Manuel C.M., se ha declarado culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La fiscalía solicitaba inicialmente para el empresario, que es administrador solidario de la mercantil Camarasa y Maertínez SL, tres años y medio de prisión.

No obstante, la acusación pública y la defensa han pactado una reducción de la pena a cambio de que el procesado confesase su culpabilidad y aceptase indemnizar a los perjudicados.

Los hechos ocurrieron durante 2013 en el paraje de las Norias, en Monforte del Cid, y en el de la Serreta, en Novelda, donde Camarasa y Martínez SL empleó en labores agrícolas a 39 personas.

Según la versión de la fiscalía que hoy ha reconocido el propio empresario, éste abusó de la "situación de necesidad" de estos temporeros, a los que no hizo contrato ni dio de alta en la Seguridad Social pese a haberlo prometido.

Los trabajadores soportaron jornadas laborales de siete horas diarias que en ocasiones se alargaban hasta las trece o catorce y no percibieron ningún salario por su trabajo.

La empresa les dejó a deber cantidades que van desde los 120 a los 2.000 euros y que en su conjunto suman 29.593 euros, de acuerdo con el fallo hecho público hoy.

José Manuel C.M. no tendrá que entrar en prisión después de que el tribunal haya accedido a suspender la ejecución de la condena.

No obstante, los magistrados han condicionado esa suspensión a que no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años y pague 7.388 euros anuales hasta saldar toda la deuda con los afectados.

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