Caso Taula
La UCO constata el papel de Alfonso Grau como recaudador en la financiación ilegal del PP de Valencia
Un nuevo informe de la Guardia Civil encuentra similitudes en la mecánica para sufragar las elecciones de 2007, 2011 y 2015 para superar el techo de gasto y evitar la fiscalización
Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza los mecanismos similares que se habrían usado -mediante la «instrumentalización» del grupo en el Ayuntamiento de Valencia- para financiar al PP en las elecciones de 2007, 2011 y 2015 . La tesis principal es que el partido habría recibido dinero de forma ilegal, superando el techo de gasto y evitando que todos estos movimientos fueran fiscalizados.
La UCO vuelve a destacar el papel crucial que habría desempeñado el que fuera vicealcalde de la ciudad , Alfonso Grau , quien habría ejercido de recaudador del dinero de terceros -empresas y fundaciones- para sufragar las campañas.
El nuevo documento, solicitado por el juez, se incorpora a la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento y al supuesto delito electoral que se instruyen en el caso Taula.
La Guardia Civil concluye que ese delito habría sido continuado durante las tres campañas. En el caso de 2011, subraya la «especial importancia» de una cuenta opaca del grupo municipal popular que se habría utilizado para recibir aportaciones de «Colaboradores y Allegados» (CyA) sin identificar y recibir fondos y llevar a cabo pagos de naturaleza electoral.
Dicha cuenta y su actividad habrían permanecido «ajenas a la fiscalización» , contando el grupo popular con una segunda cuenta -esta sí fiscalizada- en otro banco en la que se recibían las subvenciones habituales correspondientes. Estos hechos podrían suponer, según el informe, «la existencia de una estrategia preconcebida para la elusión de la fiscalización y la superación sistemática del techo de gasto en las sucesivas elecciones».
Para indagar en todo este mecanismo utilizado a lo largo de las tres campañas, resultó fundamental el testimonio ante el juez de la exsecretaria del grupo del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster . En su comparecencia se negó a desvelar el origen de varios ingresos por un importe superior a 200.000 euros , así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El magistrado consideró «significativo» este silencio, ya que podía puntar a un origen ilícito.
Una tesis que comparte la UCO y que le sirve para apuntalar el papel de Grau. En su opinión, se ha podido comprobar durante el desarrollo de la investigación que en el año 2007, el vicealcalde de Valencia y «número dos» de Rita Barberá habría sido la persona encargada de recaudar los fondos -concretamente habría entregado 350.000 euros en efectivo a un asesor y dado indicaciones para recoger un cheque de 150.000 euros-, todo ello con la finalidad de saldar deudas de campaña.
En el año 2011, continúan, también por declaraciones de García Fuster se tiene conocimiento de la existencia de recaudaciones efectuadas que posteriormente habrían sido ingresadas en la cuenta no oficial. «Indiciariamente, y sin contar con un testimonio privilegiado como en el caso anterior, se podría concluir de lo aunado hasta la fecha que, al igual que habría sucedido en 2007, la persona encargada de llevar a cabo las recaudaciones habría sido Alfonso Grau», apunta.
Se superó en 100.000 euros el gasto
La Guardia Civil encuentra «similitudes» de la mecánica de 2007 y de 2011 para conseguir el dinero. En ambas campañas se habría establecido un marco contractual con empresas de servicios electorales por un valor menor al real. En el caso de 2007 se estableció con Laterne Product Council (LPC) un contrato de 150.000 euros y los gastos superaron los 2,5 millones, mientras que en 2011, el contrato se hizo con la empresa Trasgos por 170.000 euros y los trabajos efectuados son, al menos, de 277.129 euros (más de 100.000 euros de diferencia).
En este último caso, el informe detalla las empresas que habrían realizado pagos a Trasgos y que, a su vez, «presentan importantes intereses en el Ayuntamiento de Valencia, en el sentido de ser adjudicatarias de contratos». Entre ellas, figuran Secopsa, Sociedad Agricultores de la Vega, FCC, Bertolín u Ocide Construcción.
Esta circunstancia, lejos de ser «baladí» -advierten los investigadores-- «podría suponer la existencia nuevamente de una estrategia en la que al, menos formarían parte tanto Alfonso Grau como María del Carmen Fuster -como recaudador de fondos y gestor de campañas y como administradora de contabilidad del grupo, respectivamente- y que supondría un conocimiento previo de la ausencia de medios económicos para soportar la campaña, así como la existencia de otras fuentes de financiación alternativas que lo permitirían».
La UCO realiza una importante diferencia de la situación en el grupo municipal cuando Grau todavía se encontraba en él -dimitió en marzo de 2015 por su procesamiento en el caso Nóos- y cuando entró como portavoz Alfonso Novo : «Mientras en las elecciones de 2007 y 2011 se habría contratado a Laterne y Trasgos la gestión de los actos de campaña y el portavoz encargado de la gestión de las mismas habría sido Alfonso Grau, en el año 2015, siendo el portavoz Alfonso Novo, no se habría contratado la gestión de ninguna empresa».
Finalmente, el informe concluye que «el aumento y la ocultación del gasto de naturaleza electoral producido como consecuencia de las elecciones de 2011 gestionadas por el grupo municipal (popular) -al igual que en 2007 provocó la ejecución de unas dinámicas de ingresos para amortizarlas- parte desde la cuenta bancaria titulada por el grupo gracias al ingreso de cantidades de dinero en efectivo de procedencia desconocida y atribuida a un recaudador y parte de ellas en efectivo». «Además de estos importes pagados, restaría una parte de dinero aún sin cuantificar que, al igual que en 2007, podría haber sido pagada de manera indirecta mediante la facturación con terceras empresas simulando relaciones comerciales inexistentes ».
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