El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo para el pago de la fianza de los 5,4 millones que afecta a Mas, Puigdemont y Junqueras

El miércoles, los 34 implicados tendrán que depositar la cantidad requerida en el organismo constitucional que investiga el 'procés'

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Mas, Puigdemont y Junqueras, en el Parlamento de Cataluña, durante la etapa final de la sedición en 2017/ Rodríguez sobre el independentismo: «Deberían haber aprendido la lección» EFE/ EP

Daniel Tercero

El plazo finaliza el miércoles y serán 5,4 millones de euros los que se tienen que depositar como fianza en el Tribunal de Cuentas. Este organismo constitucional ha rechazado prorrogar más días el plazo, que finaliza el día 21 de este mes, pasado mañana, para que los 34 implicados en la acción exterior ilegal del 'procés' afiancen la cifra como presuntos responsables económicos de un gasto indebido.

Según han confirmado fuentes del Tribunal de Cuentas a ABC, se han rechazado las peticiones presentadas por algunos de los 34 implicados en este caso para tener más tiempo para recaudar los 5,4 millones de euros, una medida de la delegada instructora del caso adelantada por 'La Vanguardia'. Entre los que deben hacer frente a los 5,4 millones de euros están los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, y los ex consejeros autonómicos Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell.

La fianza de los 5,4 millones de euros es solidaria entre los ex altos cargos afectados en este proceso, en función de sus responsabilidades en el supuesto gasto indebido por el 'procés' en el extranjero y el tiempo que estuvieron ejerciendo esas funciones. Así, por ejemplo, Puigdemont y Junqueras tendrán que hacer frente a la responsabilidad de 1,9 millones de euros cada uno; Romeva, otros 2,1 millones de euros; y Mas, 2,8 millones de euros.

Estos 5,4 millones de euros se fijaron en la causa que investiga la acción exterior del 'procés' del 1-O, es paralela a la que investiga el gasto indebido por el referéndum ilegal del 1-O (4,1 millones de euros) y posterior a la que ya se enjuició relacionada con el 9-N (4,9 millones de euros), y que también afecta a Mas, entre otros. Los implicados y la Generalitat trabajan a contrarreloj para que sean fondos públicos (a través del fondo recientemente creado en el Instituto Catalán de Finanzas) los que avalen los 5,4 millones de euros.

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