Puigdemont destituye al consejero Baiget por dudar del referéndum

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, destituyó ayer de modo fulminante a Jordi Baiget (PDECat), consejero de Empresa y Conocimiento, por asegurar en público que el referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre no se podrá hacer y que, por lo tanto, habría que ir pensando en poner en marcha otro 9-N, algo que ni ERC, ni la CUP, ni el sector radical del PDECat están dispuestos a aceptar.

La división interna en el gobierno autonómico subió ayer un peldaño más con una reacción inesperada de Puigdemont. Destitución sin contemplaciones y aceptando la exigencia de la CUP, que agradeció rápidamente la destitución. No hay opción para la discrepancia pública. Servirá de ejemplo para los consejeros díscolos.

Baiget empezó el día como consejero de Empresa y Conocimiento y protagonizando un terremoto a su pesar solo un día antes de que Junts pel Sí (JpS) explique este lunes algunos detalles de la ley con la que la Generalitat pretende convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

«El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí. Pero en el minuto 1 vendrá la suspensión. Irán tan en contra que quizá tendremos de hacer otra cosa diferente, y otra cosa diferente se puede parecer a un 9-N», explicó Baiget, en una entrevista para el diario regional «El Punt Avui».

División avanzada por ABC

Añadió que, por eso, no le gusta cuando «destierran» la posibilidad de hacer otro 9-N y aprovechó para criticar que «una parte» del gobierno autonómico no se encuentre «en el núcleo duro de las decisiones» sobre la consulta del 1 de octubre.

Las palabras de Baiget no hicieron más que confirmar la división interna y la desconfianza entre los consejeros autonómicos, incluso entre los del PDECat, tal y como informó ABC este domingo.

Puigdemont, sin embargo, dijo basta y pasadas las ocho de la tarde relevó de su cargo a Baiget. Santi Vila, consejero de Cultura, se hará cargo temporalmente de la Consejería de Empresa y Conocimiento y hoy a las 9.45 horas toma posesión de la cartera. Un cambio rápido y para no generar más dudas.

Ante la imposibilidad fáctica de poner en marcha un referéndum (aunque sea ilegal), ya que la Generalitat no dispone de urnas, no cuenta con el censo (que es municipal), no hay obligación ciudadana de acudir como miembros de las mesas electorales y no puede configurarse una Junta Electoral neutral, el objetivo político de los independentistas discrepantes se centra en la participación del tipo de consulta que sea posible realizar.

Así lo indicó Baiget, en la entrevista citada, que elevó de los 2,3 millones de personas que participaron en el 9-N (una consulta que duró semanas) a «cuatro millones de personas» como objetivo para el 1-O. Vila, curiosamente, antes de saber que asumiría la cartera del consejero destituido, coincidió con él: «Más allá del resultado, si conseguimos una participación notable esto será inapelable». Y Meritxell Borràs, consejera de Gobernación e imputada por la compra de urnas para el referéndum, respondía días atrás que «la alta participación» sería lo único que haría «vinculante» la consulta.

«Miedos patrimoniales»

Con este «miedo» sobrevolando a los consejeros de la Generalitat, en palabras del portavoz de ERC, Salvador Sabrià, la CUP salió en tromba a pedir la destitución de Baiget. Y lo consiguió.

Mireia Boya, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, indicó que «aquel consejero que piense que el 1 de octubre será un 9-N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones», en referencia también a las palabras de Baiget en las que aseguraba que estaría dispuesto a ir a la cárcel por desobedecer al Tribunal Constitucional, pero no podría «aguantar» si «van contra el patrimonio» pues hay que pensar en «la familia».

Y, por si no había quedado clara la dependencia de la Generalitat a la CUP, Benet Salellas, diputado autonómico, indicó que «si (Baiget) no está en condiciones de afrontar los envites del Estado que deje paso a otra gente. Lo que no puede ser es que tengamos problemas en casa».

Quien ayer quedó retratada fue Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, que salió en defensa de Baiget asegurando que su partido irá «hasta el final» con el referéndum del 1 de octubre, garantizando que «se hará» y asegurando que «no tiene ninguna duda» de que harán todo ello con Baiget en el gobierno autonómico. Puigdemont, a la vista queda, no la tuvo en cuenta y prefirió hacer caso a la CUP.

Sin embargo, esta crisis de gobierno, parcheada por el presidente autonómico sin contemplaciones y en consonancia con la CUP, no queda resuelta. Lo manifestado por Baiget es compartido por otros compañeros de gobierno aunque no lo digan en público.

Ayer lo volvió a recordar Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que después de decir que la opinión de Baiget es compartida «en privado» por otros miembros del gobierno autonómico, añadió que «hay algunos consejeros más atentos al principio de realidad y otros quizá no tanto».

En esta misma dirección, pero más irónico, se mostró Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, quien valoró las palabras de Baiget como un descuido: «Ha tenido la mala suerte de que se le ha escapado lo que piensan todos los miembros del gobierno. Junqueras y Puigdemont lo piensan pero no lo dicen por fines electorales».

Ley de referéndum

Pero si el terremoto producido por las palabras del consejero fue de gran magnitud se debió especialmente a que, hoy, JpS (formado por PDECat y ERC) y la CUP presentan los detalles de la ley con la que se ampararán para convocar la consulta ilegal del 1-O.

Algunas partes del texto articulado se filtró a «La Vanguardia» y, básicamente, la idea de los promotores es que se argumente a favor de la realización de un referéndum de autodeterminación en base al amparo internacional de la Naciones Unidas (ONU) y resoluciones del Tribunal de La Haya, y saltándose cualquier interpretación del Estatuto de Autonomía, la Constitución y la Comisión de Venecia.

Así, la «ley del referéndum de autodeterminación» establece que Cataluña «es un sujeto político soberano» y, por lo tanto, como tal, tiene derecho «a decidir libre y democráticamente su condición política».