Mas, Ortega y Rigau piden que Rajoy declare como testigo en el juicio del 9-N

La defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau proponen que declaren como testigos en el juicio por la consulta del 9-N el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En sus escritos de defensa presentados hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que ha tenido acceso Efe, los tres acusados de desobedecer al Constitucional piden que Rajoy y Catalá testifiquen en el juicio por sus declaraciones públicas en las que, en su opinión, minimizaron la importancia jurídica de la consulta independentista.

Los letrados de Mas, Ortega y Rigau insisten de este modo en su tesis de que los miembros del Govern no desobedecieron al TC, dado que no recibieron ningún requerimiento expreso por parte del alto tribunal para suspender la consulta.

Entre los testigos que las tres defensas proponen para el juicio, figura el de Mariano Rajoy, quien los letrados pretenden que aclare «el contenido y alcance de sus declaraciones públicas» sobre la votación, concretamente en las que afirmó que el 9N «no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico».

Al ministro de Justicia, los letrados pretenden preguntarle, entre otras, por las afirmaciones en las que sostuvo que el Gobierno permitiría «celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión» y en las que calificó el 9N de «jornada de propaganda política carente de validez».

En relación con estos testimonios, las defensas aportan al TSJC una serie de noticias publicadas en la prensa, en los días previos y posteriores a la consulta, con las opiniones de Rajoy y Catalá sobre el 9N, que a su entender permiten valorar jurídicamente la trascendencia de la consulta y la «tolerancia» del Gobierno respecto a la implicación de la ciudadanía en la votación.

Con esos testigos, los letrados pretenden avalar una de sus principales líneas de defensa, la «actitud pasiva» que a su parecer mantuvo la Abogacía del Estado al no instar la ejecución de la orden de suspensión de la consulta independentista que el Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014.

De hecho, las defensas también ven «inexplicable» la actitud del TC, por no haber contestado hasta el 4 de diciembre, casi un mes después de la consulta, el requerimiento que la Generalitat le envió el 7 de noviembre para que le aclarara el alcance exacto de la providencia en que suspendió el 9N ante su «vaguedad».

En ese sentido, advierten las defensas de que no existe en la jurisprudencia ni una sola condena por desobediencia a una persona que «haya recurrido una decisión judicial o haya pedido una aclaración» de la orden que se le daba.

En la línea de lo mantenido hasta ahora en sus recursos, los abogados de Mas -Xavier Melero-, Ortega -Rafael Entrena- y Rigau -Jordi Pina- aducen que en el 9N «nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se le dio la oportunidad de organizar y tomar parte de un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios».