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Artur Mas, durante su comparecencia - EFE

Mas acusa al Estado de utilizar «sus cloacas a fondo» contra CDC

Asumirá responsabilidades por el 3% solo si hay sentencia condenatoria

BARCELONA Actualizado: Guardar
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El presidente en funciones, Artur Mas, ha acusado al Estado de «utilizar sus alcantarillas a fondo» contra Convergència. Asimismo, ha reiterado su «plena confianza» en los tesoreros de CDC, Andreu Viloca y Daniel Osàcar, detenidos en la operación judicial contra el supuesto cobro de comisiones del 3%. «O alguien me demuestra que hay trato de favor o no hay tema y todo es pura especulación» o «un montaje», ha dicho en su respuesta a los grupos parlamentarios. Asimismo, el presidente catalán ha respondido a la oposición que las urnas le avalan ampliamente, razón por la que no cesará de su cargo.

Respecto al hecho que Núria Bassols, la comisionada de transparencia de la Generalitat, sea la esposa de uno de los empresarios detenidos, ha indicado que «yo no puedo hacer responsable a la señora Bassols de la actuación de su marido, lo comentaré con ella para escuchar su versión.

Es muy reciente. Será objeto de análisis».

Ha precisado que las donaciones de empresas adjudicatarias a los partidos están prohibidas, pero no a las fundaciones. «O alguien me demuestra que hay trato de favor o no hay tema y todo es pura especulación» o «un montaje», ha dicho Mas en su turno de réplica a los grupos parlamentarios en su comparecencia en la Cámara catalana. Ha explicado que no tenía conocimiento de las donaciones de empresas adjudicatarias hechas a la fundación de CDC, pero «las defiendo porque son legales. Son empresas que también recibieron contratos del Gobierno tripartito». El presidente en funciones asegura que no hay vinculación entre adjudicaciones y donaciones.

Mas afirma que el máximo responsable de las finanzas de CDC es el administrador, aunque este informa después a los órganos de dirección del partido. Si hay sentencias condenatorias «se actuará en consecuencia y se exigirán responsabilidades, pero necesito tener hechos probados». Ha subrayado el hecho de que, siendo un caso que se investiga en Tarragona, «intervengan fiscales de Madrid».

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