SPECTATOR IN BARCINO
De Macià y el «Capità Collons» a Quim Torra: hoy, por desgracia, como ayer
Macià prefería rodearse de una guardia pretoriana con los radicales Josep Dencàs de consejero de Sanidad y Badia, capo de la rama fascistoide de Esquerra
El mes de enero de 1933, el director del semanario satírico El Bé Negre Josep Maria Planes dedicó en La Publicitat un artículo al presidente Macià, sobre los métodos gansteriles de los escamots de Esquerra. Saliendo del cabaré Excelsior de la Rambla con unos amigos, un conocido de Esquerra le dijo que un grupo de escamots les querían dar una paliza. Miquel Badia estaba en el Excelsior dirigiendo la «operación».
El conocido fue a tomar su coche que estaba rodeado por cuatro individuos que discutían sobre a quién iban a pegar primero. El coche arrancó y su conductor advirtió de la situación a unos guardias apostados en el palacio de la Virreina.
Planes y compañía se refugiaron en el restaurante Pingouin de la calle Escudellers: los escamots les aguardaban al pie del monumento a Pitarra. Un policía se presentó en el local y su presencia evitó la paliza…
La denuncia de Planes no surtió efecto: Macià prefería rodearse de una guardia pretoriana con los radicales Josep Dencàs de consejero de Sanidad y Badia, capo de la rama fascistoide de Esquerra. Blanqueado por el nacionalismo como «l’ Avi», el presidente actuaba como un cacique populista.
Las consecuencias del artículo fueron otras. El 24 de octubre, los escamots asaltaron a punta de pistola la redacción de El Bé Negre. Meses después, Dencàs seguía en el gobierno de la Generalitat y Badia era jefe de la policía catalana. En septiembre del 34, poco antes del golpe del Sis d’Octubre, se llevó a cabo en el Tribunal de Urgencia la vista de juicio oral contra Josep Maria Xammar (no confundir con Eugenio Xammar). Miembro del grupo Bandera Negra –que preparó el atentado contra Alfonso XIII en Garraf– y al Partit Nacionalista Català, este abogado separatista había cometido desacato en su defensa de Josep Aymà y Camil Bofarull, acusados ambos de «incitación a la rebelión».
Al comienzo del juicio en la Audiencia de Barcelona se apostó una sección de policía según las órdenes de Badia. La vista transcurrió con normalidad hasta que el juez dictó sentencia: condenaba a Xammar al pago de mil pesetas por su acto de desobediencia. Los conmilitones del acusado protagonizaron una ruidosa protesta lanzando objetos contra el tribunal…
Los guardias contemplaron el altercado sin realizar detención alguna. Badia aguardaba a la salida de la Audiencia. Allí se visualizó la descomposición de la ley en la Cataluña republicana: Badia detuvo al fiscal por sus protestas contra la inacción policial.
Ante tan surrealista situación, la Sala de Gobierno de la Audiencia suspendió los juicios hasta que no se garantizase la seguridad de los magistrados y envió un telegrama al ministro de Justicia. El gobierno convocó a la Junta de Seguridad y se planteó –el 155 de entonces– incautarse del orden público en Cataluña.
En su dietario, Amadeu Hurtado refiere con amarga ironía el episodio: «Vistos desde fuera, estos incidentes han de dar sin duda una impresión de pintoresco muy subido, porque no son todavía suficientemente dramáticos para hacer creer en un estado de disolución social o política del país…». En opinión del jurista, todo radicaba en demostrar quién era más chulesco. Y Badia hacía honor al apodo de Capità Collons deteniendo, no solo al fiscal, sino también a un ujier de la Audiencia porque no lo había tratado como al jefe de policía que era: «El señor Badia, que se las da de valiente desde muy joven, continúa haciéndose el valiente ahora que manda, y el día que fue a la Audiencia no podía enfrentarse a sus colegas porque era para él un momento único de poder demostrarles que sabe mandar como un nacionalista valiente».
La huelga de magistrados y la posible suspensión de competencias obligó a Badia a dimitir, pero los escamots de Estat Català siguieron haciendo acopio de armas para el golpe. La excusa: el contencioso con el Tribunal de Garantías Constitucionales por la ley de contratos de cultivo. La burocracia «que crece cada día en proporciones impresionantes» –apuntaba Hurtado–, estaba siendo copada por los más radicales.
Ochenta y cinco años después, los herederos de Badia siguen vulnerando la ley y desafiando al Estado. Torra desobedece a la Junta Electoral Central y se niega a retirar simbología separatista de los edificios públicos apoyado en el cinismo «combativo» de Artadi; tras la demagógica campaña del «Volem acollir», la Generalitat es incapaz de acoger a los «menas»; en lugar de resolver esos problemas acuciantes, un Parlament bloqueado por el independentismo y sus cómplices comunes vota por «investigar la Monarquía»; Trapero es el rostro visible de la inacción de los mossos ante el referendum ilegal del 1-O y la «omertà» planea sobre un funcionariado «amnésico». Desde Waterloo, el fugado Puigdemont purga al PdeCat y potencia su recalcitrante Crida para cronificar –de eso vive– «su» conflicto con España.
Hoy, por desgracia, como ayer. ¿Seguimos?
