Llega a juicio el caso 3 por ciento que destapó Maragall

Ni por la relevancia de los nombres ni por la cantidad desviada (120.000 euros) puede considerarse una de las grandes tramas de corrupción en Cataluña. Por contra, el caso Adigsa, que llega hoy a juicio, sí que tiene una gran carga simbólica, en tanto que es el caso que se destapó después de que el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, en sede parlamentaria, acusase a CiU de cobrar mordidas por adjudicar obra pública. «Ustedes tienen un problema, y se llama 3%», le soltó Maragall al entonces jefe de la oposición, Artur Mas, el 24 de febrero de 2005.

De resultas de aquella acusación, la Fiscalía abrió una investigación, centrada en la empresa de vivienda de la Generalitat, Adigsa. La Fiscalía pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y excargos de dicha empresa, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras, una causa que comportó la imputación del entonces presidente de la empresa pública y exdiputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, aunque la magistrada del TSJC Núria Bassols lo acabó exculpando en 2013.

Semanas después el expresidente Mas fichó a Bassols como responsable de Transparencia de su gobierno. El marido de Bassols, a su vez, es uno de los imputados en la útima trama bajo investigación de pago de mordidas a CDC, que de manera genérica también se ha conocido como «caso 3%».

La causa original sin embargo es la que se juzga a partir de hoy. La Fiscalía pide diez años de cárcel para el ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, mientras que se solicitan nueve años y seis meses para el exgerente Jordi Huguet y el directivo Jordi Sala. Junto a otros empresarios, también se piden cinco años para el intermediario José María Penin, pariente lejano del exconsejero Puig, todos en el entorno de CDC y acusados de adjudicar obras a dedo con presupuestos inflados. El desvío que cifra la Fiscalía fue de 120.031 euros.