La Generalitat se niega a informar si ha condonado 9,2 millones para favorecer la venta del Grupo Zeta
El Instituto Catalán de Finanzas habría condonado el 70 por ciento de la deuda total heredada a Prensa Ibérica
La Generalitat de Cataluña se ha negado informar a la CUP si el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha condonado 9,2 millones de euros al nuevo propietario del Grupo Zeta, bajo el pretexto de que «las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de sus informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y otras operaciones de sus clientes».
Así consta en la respuesta que el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès (ERC), entregó a la formación antisistema después de que se publicara que la entidad financiera de la Generalitat habría condonado 9,2 millones de euros al grupo empresarial Prensa Ibérica para favorecer el cambio de titular.
Este miércoles, la diputada autonómica de la CUP Maria Sirvent lamentó la opacidad y la falta de transparencia de la Consejería de Economía y Hacienda e informó de que su formación registrará una reclamación ante la Comisión de Garantía de Derecho al Acceso a la Información Pública (GAIP) para que dé una respuesta al respecto.
El 70 por ciento del total de la deuda
El pasado mes de abril, El Diario informó de que el ICF y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ente de la Generalitat Valenciana, habrían condonado un total de unos 10,5 millones de euros de la deuda del Grupo Zeta, lo que supondría que las entidades financieras públicas autonómicas dejarían de ingresar esa cantidad . Una operación que, en definitiva, vendría a facilitar la compra del Grupo Zeta por Prensa Ibérica.
En relación al ICF, según la CUP, la condonación al grupo editorial (dueño de El Periódico y Sport , entre otros medios) habría supuesto el 70 por ciento del total de la deuda que el Grupo Zeta mantenía con la entidad que depende de la Generalitat catalana.
Sirvent criticó ayer esta supuesta condonación y la opacidad de la Generalitat: «Pese a que el ICF es un organismo público, ejerce una práctica opaca que no rinde cuentas ni del retorno social ni ambiental de la financiación de empresas». Desde la CUP se aprovechó esta falta de transparencia en la gestión del ICF para reclamar la creación de un banco público autonómico.
Sobre esta decisión dará cuenta Josep-Ramon Sanromà i Celma , consejero-delegado del ICF, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cataluña, comparecencia que este miércoles fue aprobada por todos los grupos de la oposición (Cs, PSC, comunes, CUP y PP) y con la abstención de JpC y ERC.
