La Generalitat anuncia ahora que sí utilizará el fondo con dinero público para avalar a los implicados en el TdC
Un día después de que Giró dijera que no lo haría, el consejero dice que será el ICF quien afiance los 5,4 millones
«Mis palabras de ayer han servido para algo, además de excitar a todo tipo de gente. Sirvieron para que recibiera llamadas, estas últimas horas, de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar la disposición adicional tal y como está previsto en el decreto-ley. Y, por tanto, esto es lo que haremos. Esto es lo que harán». Con estas palabras, Jaume Giró (Junts), consejero catalán de Economía y Hacienda, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento autonómico, que finalmente la Generalitat avalará directamente a los 34 ex altos cargos del Govern que deben depositar hoy 5,4 millones de euros como fianza ante el Tribunal de Cuentas.
Tras estas llamadas, según Giró, el consejero autonómico y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), han comentado esta mañana la posibilidad de que sea finalmente el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que ya dispone de 10 millones de euros transferidos por la Generalitat, el organismo que avale hoy mismo a los 34 ex altos cargos, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell, para evitar que sean estos los que pongan sus bienes personales como fianza. Ambos han decidido dar el paso.
A las palabras de Giró, este miércoles, pronunciadas en el Parlamento catalán como respuesta a una pregunta de Elsa Artadi (Junts), le ha seguido un aplauso de la bancada independentista y, en el turno de preguntas a Aragonès, este ha aprovechado para felicitar al consejero y mostrarle todo el apoyo del Govern catalán. Una escenografía de unión de ERC y Junts, sin embargo, que se produce después de que en la reunión de ayer del Consejo Ejecutivo se viviera a una fuerte discusión, según fuentes consultadas por ABC, por la renuncia a utilizar el ICF, pese a que el decreto-ley lo permite.
El decreto-ley aprobado el 6 de julio -que está a la espera del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para su convalidación en el Parlamento autonómico- incluye una disposición transitoria que concreta que «mientras no se constituya la entidad gestora» del Fondo Complementario de Riesgos (FCR), de «forma excepcional», será el ICF quien se encargue de la gestión del propio fondo. Este martes, Giró informó de que sigue sin constituirse la entidad gestora, por lo que el ICF es avalista y gestor de los 10 millones de euros directamente.
Denuncia y 1,2 millones recaudados
También, en relación a la creación del fondo, el Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona ha archivado la denuncia presentada por Convivencia Cívica Catalana -la primera que se presentó, después lo hizo Vox- contra miembros del Govern, incluido su presidente, Aragonès, por un presunto delito de malversación respecto al posible uso indebido de dinero público para las fianzas del Tribunal de Cuentas. El archivo se debe a que la denuncia es contra personas aforadas y, por lo tanto, materia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tras conocer su archivo, la entidad cívica ha presentado, este mismo miércoles, la denuncia ante el TSJC.
Por otro lado, a falta de conocer el detalle del cambio de decisión, tras fracasar la operación pantalla que había puesto en marcha Giró, ya que ningún banco privado o entidad financiera aceptó las condiciones de la Generalitat para avalar con su dinero (pese a contar con un contraval público del ICF), la llamada Caja de Solidaridad, según su máximo responsable, Pep Cruanyes, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha recaudado en los últimos días alrededor de 1,2 millones de euros con la intención de liberar bienes de la fianza del caso del 9-N y que estos pudieran servir para la fianza de los 5,4 millones.
Estos 5,4 millones de euros como fianza a 34 ex altos cargos del Govern catalán los fijó el Tribunal de Cuentas en la causa que investiga la acción exterior del 'procés' del 1-O entre 2011 y 2017. Esta causa es paralela a la que investiga el mismo organismo constitucional sobre el gasto indebido por el referéndum ilegal del 1-O (4,1 millones de euros) y posterior a la que ya se enjuició relacionada con el 9-N (4,9 millones de euros), que está en fase de ejecución y que también afecta a Mas, entre otros.
