El decreto «chapuza» del Govern para aplazar el 14-F siembra de incógnitas el futuro electoral

De «chapuza» ha sido calificado por varias fuerzas políticas, algunas incluso favorables al aplazamiento electoral, el decreto con el que el Govern de la Generalitat dejó sin efecto la convocatoria de los comicios autonómicos inicialmente previstos para el próximo 14 de febrero , aplazándolos para el 30 de mayo por razones sanitarias relacionadas por la pandemia de coronavirus.

Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido de forma cautelar y provisional la convocatoria del 30 de mayo, y por el momento, mantiene la fecha inicial del 14 de febrero mientras resuelve los varios recursos presentados contra el aplazamiento de las elecciones. Considera que, si ahora las suspende, y finalmente diese la razón a los demandantes, ya no habría tiempo material para celebrarlas el 14-F.

La Generalitat ha defendido, incluso este martes en rueda de prensa, el decreto firmado por el vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès. Pero lo cierto es que la Generalitat podría haber evitado esta incertidumbre e inseguridad jurídica sobre las futuras elecciones de haber pedido autorización judicial antes de tomar esa iniciativa, y con el que podría haberse cubierto las espaldas. Lo hizo en varias ocasiones en los últimos meses para imponer diferentes restricciones en Cataluña durante esta pandemia.

No ha sido así, en cambio, en su intento de aplazar el 14-F por razones sanitarias, lo que complica el escenario electoral. En rueda de prensa este martes, la portavoz del Govern , Meritxell Budó, y el consejero de Exteriores, Bernat Solé, han defendido que la autorización judicial no era necesaria en este caso . Alegan, al preguntársele por esta cuestión en rueda de prensa, que ya el primer decreto para la convocatoria del 14-F recogía la posibilidad de aplazamiento por razones sanitarias. Y, según su razonamiento, la petición de autorización judicial era innecesaria.

Además de las demandas presentadas por un particular y por el partido extraparlamentario Izquierda en Positivo, que incluían la petición de la medida cautelarísima de suspensión ahora aceptada, el TSJC tiene sobre la mesa otros tres recursos contra el decreto del Govern, que también plantean medidas cautelares. El TSJC las deberá resolver después de analizar los informes que habrán de presentar tanto la Generalitat como la Fiscalía.

En ese sentido, la sección quinta de la sala contenciosa ha dado traslado de estas peticiones a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones antes del próximo jueves a las diez de la mañana. Luego, el tribunal deberá decidir si mantiene o no la suspensión acordada hoy de forma urgente. El TSJC también ha trasladado su resolución a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Diputación Permanente del Parlamento catalán.