Paralizan la puesta en marcha del polémico fichero de datos de los urbanos de Barcelona

El controvertido registro de datos personales, incluida la ideología, vida sexual, creencias o origen racial, de miembros de la Guardia Urbana que estén siendo investigados, en "stand by". El Ayuntamiento de Barcelona decidió ayer, a petición del grupo Demòcrata (ex CiU) aplazar su entrada en vigor hasta que la Autoridad Catalana de Protección de Datos dé su visto bueno.

Así se consensuó durante la comisión de Presidencia del Ayuntamiento, celebrada ayer por la mañana y en la que el bautizado como fichero de "gestión de la unidad de deontología y asuntos internos" de la Urbana copó parte del protagonismo de la sesión.

La propuesta que tiró adelante exige en concreto que, "en todo caso, se aseguren las garantías de que se respetan los derechos de protección de datos", algo que nada más conocerse este nuevo fichero se cuestionó

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La medida prosperó después de que el grupo Demòcrata hubiera transaccionado la propuesta con el gobierno de Ada Colau, apostando por aplazar su aplicación en lugar de detenerla como proponía inicialmente. En esta línea, se rechazaron dos proposiciones de Cs y el PP sobre lo mismo: la primera reclamaba directamente retirar el fichero, y la segunda, anular la resolución que lo crea.

De hecho, durante el debate, Paco Sierra (Cs) acusó al gobierno de Colau de pretender crear una policía política y tachó de vergonzoso el fichero. Sorprendido por el acuerdo municipal con el grupo Demòcrata, sentenció que "les están haciendo el tocomocho. No va sólo de transparencia, sino que lo que hace el Gobierno con la Urbana es un menosprecio constante".

La concejal del PP Àngels Esteller coincidió con Cs en aseverar que el Gobierno municipal quiere crear una policía política, porque Colau pone "bajo sospecha a los que no piensan como ella", por lo que no sólo quiere tener fichados a los delincuentes, sino también a los miembros de la Urbana, según ella.

El Ayuntamiento: «Es un fichero habitual»

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, aseguró durante el debate que, siguiendo el procedimiento establecido, el fichero no iba a entrar en vigor hasta llevarlo a la Agencia Catalana de Protección de Datos. Además, insistió en que las unidades de investigación de cuerpos policiales tienen ficheros de este tipo.

El fichero pretende recoger inforamción sensible -como la religión, orientación sexual, filiación sindical y origen racial- para casos en los que un agente esté siendo expedientado y este contenido pueda ser útil para la investigación y en ningún caso de forma generalizada, y, según el consistorio, representa un refuerzo de las garantías: "Estos datos están ultraprotegidos", sentenció Recasens.

El resto de grupos de la oposición, por su parte, exigieron la máxima seguridad jurídica sobre estos datos. Así, el portavoz demócrata, Joaquim Forn, comentó que su grupo podría estar de acuerdo con la necesidad de este fichero, y que, en todo caso, éste debe estar sometido a la legislación y debe garantizar "al máximo la seguridad jurídica de las personas del fichero y de los datos que se estarán gestionando".

El portavoz republicano, Jordi Coronas, señaló que el fichero genera muchas dudas y avisó de de que sus datos son muy sensibles, por lo que "una mala praxis puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales".

Además, el concejal de la CUP Josep Garganté criticó que retirar el fichero pretende "perpetrar espacios de impunidad" y pidió a los grupos defender los Derechos Humanos en todos los casos.