Cs denuncia que la UPF «elude justificar su neutralidad porque un alto cargo del centro es hermano de Torra»

El pasado 2 de octubre, el rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, Jaume Casals , puso en tela de juicio al poder judicial y defendió en la web institucional del centro al president de la Generalitat Quim Torra, inhabilitado por el Tribunal Supremo (TS) por desobediencia. En la citada página, el rector arremetió también contra el poder judicial: «No me complicaré con ningún argumento jurídico ni con el valor y la consideración que merece el gremio de los jueces», dijo Casals, quien apuntó que la destitución de Torra por parte del TS «como si se tratase de cualquier subordinado», es un «error formidable» que en el «futuro será indescriptible y a la vez inmemorial». Sus declaraciones fueron duramente replicadas por las asociaciones y partidos constitucionalistas.

Cs exigió a la universidad en una pregunta parlamentaria que justificara su supuesta neutralidad. En concreto, la diputada Noemí de la Calle reclamó una «copia del expediente administrativo, en donde se incluyan los informes técnico-jurídicos elaborados por la Universidad en donde especifiquen que se garantiza la neutralidad política-institucional con el comunicado del rector ». No obstante, según denuncia Cs, el centro no ha aportado la documentación alegando que no existe y que, además, «el secretario general de la universidad, Pere Torra, es hermano del ex presidente catalán». En una respuesta con fecha del 4 de noviembre de 2020, consultada por ABC, el Parlament notifica a Ciudadanos la respuesta de la Universidad.

En la resolución del centro, del 28 de octubre, la UPF alega que corresponde al secretario general de la universidad -en este caso Pere Torra Pla-, «resolver las solicitudes de acceso a la información pública» y le exime de la respuesta alegando que «en base a la Ley 40/205 de régimen jurídico del sector público son motivos de abstención en un procedimiento administrativo ".. .tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del primero, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o las sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento..."».

En base a la normativa el secretario presenta formalmente la abstención y la universidad la acepta. La Pompeu Fabra alega también que «la información solicitada no se encuentra en poder la Universidad» y que, según la ley 19/2014, «las Administraciones Públicas sujetas a dicha normativa solo están obligadas a proporcionar a las personas interesadas aquella información pública de la que dispongan, aquella que esté en su poder».

Cs considera «vergonzosa» la respuesta del centro y avanza que interpondrá un recurso ante el rector en el período de un mes. Recuerda, también, que «no es la primera universidad que vulnera derechos fundamentales al no respetar la neutralidad ideológica» y alude al caso de la Universidad de Barcelona (UB) , que ha sido sancionada por la justicia por la misma razón.