Villanueva recurre su citación judicial y la atribuye a meras «sospechas»

«La tesis del Ministerio Fiscal peca de absoluta indeterminación y adolece de orfandad probatoria». Con estas palabras ha rechazado la defensa del exconsejero Tomás Villanueva la citación de éste en calidad de «investigado» ante el juez que dirige la instrucción sobre la compra de la «Perla Negra» y los terrenos de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, tal y como se plasma en un recurso contra el auto que le incluyó en el proceso, argumentando que éste se basa en «supuestas sospechas» y que son «insuficientes». Con ello, reclama también que se frene la indagación en su patrimonio al considerarlo «inconstitucional» y afear que responde a una «mera insinuación» de delitos de cohecho y blanqueo sin «hechos atribuibles» ni «pruebas».

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, pivota básicamente sobre el argumento de que algunos de los escenarios descritos como «indicios» por el Ministerio Público para solicitar la citación del exconsejero y que fueron aceptados por el juez no alcanzan, para la defensa, «si quiera la categoría de sospecha». Así lo apunta, por ejemplo, respeto lo esgrimido por Fiscalía de que por su máxima responsabilidad en la Consejería junto al que fuera su número dos, Rafael Delgado, tuvo que ser uno de los dos el que filtró antes de su publicación oficial el pliego de condiciones del contrato de alquiler de la futura «Perla Negra». Al respecto, la defensa señala que «no hay prueba alguna».

«No se puede criminalizar a una persona sobre la base de una hipótesis», prosigue el escrito, que también considera «hipótesis» que la «primera decisión» sobre la «Perla Negra» partiera de Villanueva, como sostuvo la Fiscalía en base a su puesto de máxima responsabilidad y de las declaraciones de algunos investigados o testigos que le señalaron al mando en esta asunto ante el juez. Un proceder que la defensa define como «mero impulso político de unas iniciativa de alquiler o de compra de un edificio para agrupar sedes dispersas con previos informes y acuerdos favorables», que -dice- «no es una actividad delictiva».

Otro de los argumentos de la defensa haría referencia a la «participación» de Villanueva en el proceso de compraventa que se plasma con su firma en algunos documentos. Al respecto, señala que ya «constaban» y denuncia un «cambio de criterio» al no haberse considerado antes la investigación del exconsejero en base a ellos. «Durante tres años y siete meses» -recoge el recurso- han estado sobre la mesa y «no han sido idóneos ni suficientes para dirigir» contra él un procedimiento que no se caracteriza por su celeridad y que hasta hace un mes no había citado ni al principal señalado por la causa, Rafael Delgado. Además, asegura que todos los pasos dados contaron con «informes jurídicos y propuestas previas».

Respecto a la investigación patrimonial ordenada sobre Villanueva y sus allegados, el recurso señala que ninguno de ellos «tiene nada que ocultar», pero pide «respeto por sus derechos fundamentales» y advierte de filtraciones a los medios de comunicación sobre el resultado de esa averiguación. Ante estas pruebas solicitadas y admitidas ante el riesgo de que se puedan encontrar movimientos irregulares como los hallados en el caso de Delgado -alega la defensa- que no se ha expuesto «hecho alguno susceptible» de ser calificado como delito de cohecho y reprocha al Fiscal que «ni quiera llega a lanzar una insinuación, se limita a decir ‘sin que sea descartable’».

Por último, el recurso llama la atención sobre su inclusión en la causa en alusión a otros asuntos que aquí se abordan y no se vinculan a su cliente como la compra de los terrenos del Portillo y la irregular adquisición del mobiliario de la «Perla Negra».