El sector del transporte alerta de la pérdida de cientos de empleos si cierran las térmicas
Piden al Gobierno que tenga en cuenta el «daño social y económico» de la «descarbonización»
El cierre de las centrales térmicas no sólo afectará a los trabajadores de las plantas. Hay otros sectores asociados que también miran con preocupación el anuncio tras anuncio de fin de actividad en esas generadoras de energía a base de una fuente como el carbón, que tiene los días contados en las cuencas nacionales, y al que el Gobierno no está dispuesto a dar una tregua y ya ha marcado 2020 como tope para las que no han realizado inversiones que permitan reducir la contaminación que emiten. Y entre esos afectados indirectos, pero de manera muy directa, está el colectivo de los transportistas de mercancías por carretera. Entre ellos, los profesionales de Castilla y León, una comunidad donde se sitúan cuatro de las quince instalaciones de este tipo que todavía siguen operativas en España. Y así lo han hecho notar desde las federaciones que agrupan a estos profesionales del volante en esta Comunidad (Fetracal), junto con sus colegas de Asturias, Aragón y Galicia, donde se concentran buena parte de las térmicas del territorio nacional.
Así, han expresado su «profunda preocupación» ante la «posición favorable» por parte del actual Gobierno central de «descarbonización del sector energético y, por tanto, la supresión de las plantas térmicas en España». Y no son pocos los afectados al ver que ya no tendrán tarea de «acarrear» el carbón hasta las centrales. Según las cuatro asociaciones Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia , integrantes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), el cierre de estas instalaciones afectaría a unos mil camiones que «trabajan a diario en el sector del carbón y las térmicas», siendo Castilla y León la más afectada, pues es la que más suman, con 350 vehículos. A los que sumar otros 300 en Asturias y 150 tanto en Aragón como en Galicia.
Denuncian, por tanto, que el fin de las térmicas en España generaría «graves consecuencias indirectas» para el sector del transporte de mercancías por carretera en estas cuatro comunidades.
«Difícil reconversión»
Y es que supondría también «la desaparición» de una rama tan «especializada» como la del transporte del carbón, para el que se emplean «vehículos muy especializados de difícil reconversión». Algo, alertan, que «hará que se pierdan cerca de mil puestos de trabajo» en unas comunidades, advierte, que, además, presentan «graves problemas laborales», con «escasas» salidas laborales y «ya desindustrializadas». Por ello, desde las asociaciones de transportistas exigen al Gobierno central que «antes» de tomar medidas «que impliquen el cierre» de las centrales térmicas, valoren «todas las consecuencias para todos los sectores afectados». Reclaman al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez que «tenga en cuenta» los «miles de puestos de trabajo, directos e indirectos que se perderían», con el consiguiente «daño social y económico» que provocaría sobre estos territorios.
En sus reclamaciones al Gobierno, que si deciden continuar con las medidas que supondrán el fin de la actividad en las térmicas, también figura que «tengan previstas fórmulas para posibilitar la reconversión» de estos vehículos, ya que no se pueden emplear en otros sectores. Consideran que «no» es encuentran en una situación de «igualdad» con otros medios de transporte, «a los que se subvencionan sus pérdidas», algo que consideran una «injusticia» para el sector del transporte de mercancías por carretera, que «aporta más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado», recuerdan.
«Respuesta adecuada»
Las asociaciones de transporte de mercancías por carretera de las cuatro comunidades subrayan que una falta de «respuesta adecuada» al «potencial» que supone este sector lleva a un «deterioro» del mismo que «no se puede consentir».
En Castilla y León hay cuatro centrales térmicas que generan energía a partir de carbón: la palentina de Guardo, en Velilla del Río Carrión, y las leonesas de La Robla, Compostilla (Cubillos del Sil) y Anllares (Páramo del Sil). Aunque lo cierto es que sobre tres de ellas pesa un calendario de cierre. La primera que podría dejar de generar es la de Anllares (propiedad de Naturgy y Endesa), pues ya ha recibido los informes favorables de Red Eléctrica Española (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) tras solicitar en mayo de 2017 su «cese paulatino de actividad», que ya comunicó en 2013, cuando reconoció su imposibilidad de cumplir con los límites marcados por la Unión Europea sobre contaminación.
En noviembre del pasado año fue Iberdrola la que solicitó cerrar su planta en Velilla. En el caso de Compostilla, propiedad de Endesa, el 30 de junio de 2020 es el límite impuesto por la multinacional Enel (matriz de Endesa) para cesar la producción una vez que ya ha comunicado que no acometerán las inversiones necesarias para adaptarse a la nueva normativa ambiental europea, que prevé que en 2030 el 32% de la energía del continente provenga de renovables. El único halo de luz para el optimismo lo arroja La Robla, para la que Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) sí ha dicho que invertirá en modernización, aunque no para toda la planta.
