La oposición en bloque pide la dimisión de Sáez por el «desastre» de las oposiciones de enfermería

Primer asalto en las Cortes de Castilla y León sobre las frustradas oposiciones de enfermería anuladas por el TSJ, con un consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, duramente criticado por la oposición parlamentaria y al que reclamaron sin paliativos su dimisión «o que Herrera le cese» por una actuación «marcadamente electoralista».

Diez días después de que el TSJ anulase la convocatoria para cubrir 554 plazas de enfermería, cuyo examen se iba a producir el 22 de noviembre, Sáez Aguado compareció en la correspondiente Comisión parlamentaria para informar sobre las razones que llevaron a convocar unas plazas a sabiendas de que se vulneraban dos leyes. El consejero se envolvió en razonamientos jurídicos para explicar que en otros casos similares los tribunales habían fallado a favor de continuar con el proceso.

Además, detalló las propuestas presentadas ya a los sindicatos, por las que se acelera la convocatoria de 1.278 plazas de profesionales sanitarios, de ellas 407 de enfermería (347 por oposición y 60 por promoción interna) que permitirán reducir la tasa de interinidad desde el 19 al 14 por ciento.

Sin embargo, no convencieron nada las explicaciones del titular de Sanidad que tuvo que enfrentarse a duras intervenciones, especialmente la de la portavoz socialista en la Comisión, Mercedes Martín, hasta el punto de que el propio consejero le reprochó haberlo criticado «con una intensidad que no había conocido». Lo cierto es que Martín habló de «oscuros y perversos objetivos», de «negligencia e incapacidad manifiesta», de «provocar un desastre sin precedentes» y de «engañar, mentir, ocultar, actuar con soberbia y obviar los riesgos de una convocatoria sin seguridad jurídica como la que se ha hecho». Y, por su fuera poco, la procuradora socialista, que acusó a Sáez de tener «un desprecio absoluto a la profesión de enfermería», acabó por pedir «que se vayan los cuatro: Rajoy, Montoro, Herrera y Sáez» por causar «un daño sin precedentes». De hecho, según Mercedes Martín, el consejero «tenia la obligación de haber logrado un acuerdo con un Gobierno de su mismo partido» en el momento en que se conoció que la Abogacía del Estado, a requerimiento del Ministerio de Hacienda, iba a recurrir la convocatoria.

La procuradora de Podemos, Isabel Muñoz, fue por el mismo camino aunque bajó el listón de los descalificativos, si bien habló del «escándalo» que supone «convocar unas oposiciones a sabiendas de que se incumple la ley». «Es usted un intrépido porque ha arriesgado mucho», le espetó al consejero. También el parlamentario de Ciudadanos Manuel Mitadiel reprochó a Sáez «sus excusas», cuando «se ha vulnerado la Ley y «es de manual lo que iba a suceder, sobre todo porque en Sacyl la experiencia es muy abundante». Insistió, además, en lo «electoralista» de una convocatoria que se publica en el mes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y fija el examen a un mes de las generales de diciembre. «Su actuación ha sido irresponsable y tiene que asumir responsabilidades políticas por los perjuicios causados», sentenció. Por su parte, el portavoz en la Comisión de IU-Equo, José Sarrión, habló de «un comportamiento ilegítimo que consiste en una actuación con un riesgo que no ha publicitado».

El parlamentario del PP, Alejandro Vázquez, como era de prever justificó la actuación de la Consejería que calificó de «riesgo relativo».