Una nueva prueba reforzará la detección temprana de alumnos con dificultades

La educación «inclusiva» es la clave, la obsesión, el objetivo que guía el nuevo Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León, el que estará vigente hasta 2020 y que en estos momentos está sometiéndose a un proceso participativo que permitirá analizar– integrar, si procede– las aportaciones que lleguen desde el Consejo Escolar, la mesa sectorial, Cermi y la Fundación del Secretariado Gitano como entidad perteneciente al Tercer Sector. El primer borrador que el departamento dirigido por Fernando Rey ha puesto sobre la mesa de trabajo apuesta por las nuevas metodologías y asume como propios referencias en boga. Así, la hoja de ruta hace suyos el aprendizaje colectivo y la mecánica de los grupos de interacción para favorecer la mejora de los resultados y la convivencia; el desarrollo de las inteligencias múltiples; la cultura del pensamiento para crear los mapas mentales, destrezas y rutinas de pensamiento; y las renovadas fórmulas que buscan evolucionar las habilidades sociales y emocionales con aprendizaje activo para fomentar el compromiso.

Todo con vistas a que los alumnos estén preparados para ser «los protagonistas» del mundo en el que viven.

Pero ¿qué es exactamente la educación inclusiva? La Consejería de Educación aclara que su visión se refiere «no sólo a iguales oportunidades educativas para todos, sino también las estrategias, las estructuras y los procedimientos que garanticen un aprendizaje efectivo de todos los estudiantes». Matiza que la inclusión «no es trasplantar las ideas y las prácticas de la educación especial a las escuelas ordinarias, sino tener en consideración la diversidad de personas en el aula».

Las prioridades pasan así por la implementación de medidas individualizadas para «optimizar» el desarrollo de cada alumno y de situaciones de aprendizaje que garanticen la participación del escolar en contextos educativos ordinarios. Para ello se fija la necesidad de ofrecer medidas de acción positiva, refuerzo y acompañamiento para los colectivos socialmente más vulnerables, pero también se incide en la relevancia de detectar de forma temprana las necesidades específicas de apoyo educativo.

Así, por ejemplo, se implantarán pruebas estandarizadas de cribado para detectar esas dificultades de aprendizaje. La Consejería de Educación quiere aplicarlo a un mínimo del 40% de la población escolar en 2018 y alcanzar al 80% del alumnado dos años más tarde. En paralelo se elaborarán también protocolos para que los equipos de orientación y el resto de servicios de otras consejerías que trabajan con niños de 0 a 6 años puedan intercambiar información.

De esta forma se pueden tomar decisiones «lo más precozmente posible» en cuanto a la puesta en marcha de nuevas medidas curriculares, formación de profesorado, participación de la comunidad educativa o mejora de la coordinación interinstitucional cuando sea necesaria. El plan recoge además el compromiso de impulsar una línea de formación específica para docentes, familias, personal laboral, etc.

Un cambio profundo

En definitiva, un «cambio profundo en la respuesta educativa a la diversidad» que exigirá la actualización de la normativa vigente y se estructura en seis líneas estratégicas ligadas a una batería de medidas a desplegar en varios plazos y con «evaluación» en 2018 y 2020. Para la promoción de la cultura inclusiva en los centros educativos se prevé organizar actividades y campañas de sensibilización reforzadas por la creación de redes de colaboración y participación de las asociaciones que representen a colectivos de alumnado con necesidades específicas de apoyo (un 30% en 2018 y un 50% en 2020), la puesta en marcha de un equipo de expertos en equidad educativa (Creecyl) o la habilitación en centros ordinarios de «apoyos de comunicación y lenguaje» para alumnado con graves problemas de comunicación.

Actuación clave será el incremento del número de profesores formados en temas relacionados con la atención a la diversidad, así como la potenciación de los grupos de trabajo entre centros a todos los niveles y de los proyectos de innovación con prácticas de educación inclusiva –se espera conseguir en dos años un incremento del 20% en el profesorado y del 35% dentro de cuatro, así como la implicación de un mínimo de 30 centros en planes de mejora hasta 2020–. El documento va más allá y contempla un módulo especializado en la formación obligatoria de los directores y cursos para el personal laboral, todo ello complementado con la puesta en marcha de un centro de recursos propio. De forma singular, se recoge también el compromiso de reducir un 30% el número de quejas por los dictámenes de escolarización en 2018 y la creación de un comité autonómico de ayuda para la resolución de desacuerdos.

Un alumno, un tutor...

La mejora de las tasas de los indicadores es, sin duda, otra línea prioritaria que persigue incrementar las tasas de titulados en ESO. «Un alumno, un tutor», «Una familia, un orientador» y «Un centro, un equipo» serán las nuevas herramientas personalizadas que se aplicarán en un primer momento en aquellos centros de Primaria con alta concentración de alumnos en riesgo de exclusión o abandono temprano.

Se incorpora el asesoramiento a las familias en la transición de etapas educativas con el reto de llegar a 500 por provincia en una primera fase y a mil al finalizar el plan. Pensando en ellos se quiere crear una red de escuelas de padres y madres, de la misma forma que se orientará a los centros sobre cómo mejorar la comunicación con las familias. Además, se firmarán convenios con asociaciones como Cermi que trabajen a favor del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.