El modelo de residencias sigue a la espera de la resolución de tres recursos

Un nuevo fallo judicial ha vuelto a sacar a la palestra el modelo de residencias de mayores denominado «En mi casa» impulsado por la Junta de Castilla y León hace dos años. En esta ocasión, ha sido el Tribunal Supremo (TS) el que ha decidido no admitir el recurso de casación presentado por el Gobierno autonómico ante uno de los cuatro recursos que se interpusieron contra el decreto que regula un proyecto que, según la Consejería de Familia, seguirá adelante porque las sentencias no cuestionan el modelo, sino que hablan de «defectos de forma» en la tramitación.

El periplo judicial comenzó en 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) echó para atrás el decreto por no contar con una memoria económica. Y en 2018, el mismo órgano volvió a tumbar un nuevo texto por no haber consultado a los colegios profesionales afectados ni a las entidades locales ni tener los informes del Consejo de Cooperación Local y el de Servicios Sociales de Castilla y León. Contra el último documento se presentaron en total cuatro recursos por parte del sindicato de enfermería Satse, los colegios de terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas y un particular, cuyas pretensiones fueron aceptadas por el tribunal autonómico.

Seguir adelante

Ante todos la Junta ha presentado recurso en el Supremo y uno de ellos ya ha sido descartado por el Alto Tribunal. Ahora el Ejecutivo regional espera la resolución de los otros tres. Lo que tiene claro el Gobierno autonómico es que seguirá adelante con su modelo, basado en unidades de convivencia con un número reducido de usuarios dentro de las propias residencias, al que los centros se tienen que adaptar progresivamente. En primer lugar, según explicó la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se subsanarán «a la mayor brevedad» los «defectos de forma» que incluye la última sentencia -no está claro si como un nuevo decreto o retocando el texto actual- y seguirá en vigor la normativa de 2017, ya que aún hay tres recursos pendientes de resolución.

Por el momento, la Consejería descarta por completo cambiar un sistema defendido a capa y espada tanto por el departamento antes dirigido por Alicia García como por las principales organizaciones del sector: la Asociación de residencias y atención a los mayores (Lares) y la Federación de asociaciones de atención a la dependencia (Acalerte).

Ambas consideran que se trata de un modelo «innovador» que consigue mejorar la atención, explica el presidente de Lares, Jorge Sainz. Se trata, relata, de establecer «pequeñas residencias» dentro del centro y acabar con el modelo antiguo. «Es un cambio radical que nos ha supuesto dificultades, pero es el mejor sistema», defiende, antes de asegurar que, pese a que el número de sanitarios por usuario ha podido bajar, el del personal de atención directa, como auxiliares y gerocultores, ha mejorado. También están a favor otras organizaciones como Mensajeros de la Paz que, con once residencias en la región, considera que hay aspectos «mejorables».

Con los que ha chocado desde el principio es con los profesionales sanitarios (enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales), que han llevado el decreto a los tribunales. Todos ellos reprochan a la Junta que no les haya tenido en cuenta y que haya desaparecido «el carácter sanitario» de las residencias a la vez que se «regula de forma escasa e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros», según el sindicato Satse. Pero, además, supone la «supresión» de la figura del fisioterapeuta en esos centros, denuncian desde el colegio profesional, sin que «se haya contado» con estos profesionales ni se haya analizado «la repercusión que para los usuarios supone esta medida».