Más de 200 mujeres fueron obligadas a prostituirse desde 2015 en el club desmantelado en Burgos
La Policía detiene a cuatro miembros de una trama radicada en el municipio burgalés de Estépar
La historia no suena novedosa, pero no por ello menos demoledora. Las bandas organizadas llevan décadas manteniendo su mismo modus operandi. Primero buscan personas en situación de vulnerabilidad en el extranjero, generalmente valiéndose de compatriotas, y una vez localizadas las prometen empleos en España para poder empezar una nueva vida y mandar dinero a la familia que dejan atrás. Así, se embarcan con su mente puesta tras la barra del bar en el que les han dicho que trabajarían, pero al llegar éste no existe. En su lugar, hay una habitación mugrienta en la que las obligan a prostituirse para saldar la deuda que han contraído por el viaje y que se incrementa constantemente en concepto de multas o bienes de necesidad. Una realidad que en tres años y medio se ha cobrado más de 200 víctimas sólo en un club de alterne. El establecimiento en cuestión, situado en Estépar, en la provincia de Burgos, ha sido el objeto de una operación policial que ha permitido liberar a once mujeres y detener a cuatro presuntos responsables de la trama de trata.
Ucrania, Rumania, Bulgaria, Moldavia y, en general, países del este de Europa eran los principales orígenes de esos dos centenares de mujeres obligadas a prostituirse en este club, según las estimaciones de la Policía Nacional, que arrancó las investigaciones en el año 2015, cuando se tuvo conocimiento de que una persona estaba captando inmigrantes para su explotación sexual en el citado local.
Las indagaciones de los agentes permitieron dilucidar que se las ofertaba por internet y redes sociales un trabajo de camareras en un hotel con un salario muy superior al que tendrían en su tierra natal por un empleo similar, pero tan pronto llegaban al aeropuerto su sueño se evaporaba. Un vehículo les llevaba al supuesto establecimiento en el que iban a trabajar, pero no de lo que les habían dicho. Encerradas en una habitación, debían prostituirse en jornadas de una diez horas diarias los siete días de la semana «sin dejarlas salir bajo ningún concepto y recibiendo un trato vejatorio, amenazas y coacciones», según explicó ayer la Policía Nacional.
73.500 euros en efectivo
La banda les exigía una deuda de mil euros a saldar por las gestiones para traerlas a España, pero para «evitar que fuera devuelta rápidamente», la organización estableció gastos, mediante un sistema de multas, que hacían que se incrementara y, así, «mantenerlas más tiempo sometidas».
La operación concluyó con la entrada y registro en el club de alterne, donde se intervino una suma de 73.485 euros en efectivo, abundante documentación que acredita la actividad delictiva, diversos dispositivos móviles e informáticos con datos relevantes para la investigación y dos vehículos. El establecimiento permanece clausurado y se han bloqueado todas las cuentas bancarias de los detenidos.
Se trata de cuatro personas pertenecientes a la red, dos de ellas de nacionalidad española y otras dos ucranianas, a las que se les acusa de distintos delitos, entre los que destacan pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial, donde se ha determinado su ingreso en prisión provisional, al tiempo que se ha procedido a atender a las once mujeres, la mayoría de origen ucraniano, que han sido liberadas del club de alterne.
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