El desvío de camiones a las autopistas en Astorga y San Rafael, en el aire
Los transportistas piden no aplicar el trasvase del tráfico pesado tras anularlo el Supremo en La Rioja
«La contaminación acústica, la congestión del tráfico y la siniestralidad en las carreteras no son suficientes por sí mismas» para acordar el trasvase obligatorio del tráfico pesado de una nacional a una autopista paralela. De ser así, «podría determinarse la aplicación de tal medida a todas las vías convencionales sin justificación de las circunstancias concretas». Así lo ha fallado recientemente el Tribunal Supremo respecto al desvío bonificado de camiones desde las carreteras N-232 y N-124 a las AP-68 en La Rioja. Una medida que no afecta a territorio castellano y leonés directamente, pero que podría tener sus consecuencias sobre la Comunidad. Y es que existen dos proyectos sobre la mesa para aplicar la misma medida entre León y Astorga y en la travesía de San Rafael (Segovia). Dos iniciativas ya anunciadas que llegan con retraso respecto a las fechas marcadas por las administraciones y que ahora están en el aire a la vista del pronunciamiento judicial.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente evitaron manifestarse al respecto, aludiendo que no es competencia suya la aplicación de tal medida, si bien sí participaría esta administración en el acuerdo para llevarla a cabo junto al Gobierno y la concesionaria de la autopista alternativa. Por su parte, el Ministerio apunta a que se está analizando el dictamen sobre la AP-68 y, «en la medida del resultado del estudio, se verá sus consecuencias directas sobre los otros posibles convenios» como los que están pendientes en la Comunidad.
Los motivos recogidos como justificación de la medida anulada en La Rioja -reducción de la contaminación, la congestión y la siniestralidad- son muy similares a los señalados por Junta y Gobierno cuando acordaron hace ya más de año y medio poner en marcha bonificaciones al tráfico pesado por la A-71 para liberar de 700 camiones diarios los vehículos que transitan por la N-120 entre León y Astorga. Y también muy parecidos a los del documento que, en este sentido, se firmó para desviar los camiones de la N-I hacia la AP-1 en Burgos, y que no se llegó a a aplicar antes de la liberalización de la autopista.
En el caso de San Rafael existía el compromiso de bonificar el tráfico pesado en la AP-6 para sortear la N-VI, aunque Ministerio, Junta y concesionaria no llegaron a concretar el acuerdo para ponerlo en marcha. Y ello pese a que al desvío de camiones en este punto se le puso como fecha límite esta primavera. Más retraso acumula el de León-Astorga, previsto para el pasado otoño.
En concreto, el Supremo señala «huérfana de justificación» la medida y pide más «concreción» mediante estudios que «acrediten» que se trata de la propuesta «más adecuada». Y es que, argumenta, por ejemplo, respecto a la congestión que se quiere atajar que el «entorpecimiento del tráfico por acumulación de vehículos, por muy desagradable que sea para los conductores no es igual al concepto de siniestralidad» y sus «subsiguientes resultados letales, lesivos para las personas». Con este precedente sobre la mesa, si se decide seguir adelante con la iniciativas propuestas en León y Segovia deberá de justificarse la motivación más allá de los expuesto, ya que, a priori, coincide en su mayoría con los argumentos riojanos echados por tierra.
Tras el fallo, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha celebrado la anulación del desvío de transportes pesados, que al igual que como se había propuesto en Burgos y en León implicaba la bonificación de un 75% de los costes del peaje para camiones, autobuses de cuatro ejes y furgones, furgonetas y microbuses con remolque de dos ejes. Aplauden el rechazo a una «injusta prohibición» que supone, denuncian, un «enorme prejuicio económico».
«Libertad de circulación»
Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal), Juan Luis Feltrero, insta a Junta y Gobierno a dar marcha atrás en su pretensión de aplicar la medida en León y Segovia. Expone, en este sentido, que los transportistas «no tienen por qué» verse «obligados» a circular por una autopista, aunque «nos bonifiquen el 75 por ciento», y confía en que tras el fallo del Supremo en Castilla y León se mantenga «la libertad de circular como el resto de los vehículos». En su opinión, es una «oportunidad» para frenar unas iniciativas que el sector considera que son «injustas» e «ilógicas».
De momento, la única experiencia similar registrada en Castilla y León fue el experimento piloto que se realizó entre julio y noviembre de 2015, cuando se aplicaron descuentos de hasta el cincuenta por ciento a los vehículos pesados que cambiaran voluntariamente su ruta en determinadas autopistas del país, tres de ellas en Castilla y León, para tratar de liberar las vías convencionales alternativas. Se logró aumentar el tráfico de camiones y autobuses en las vías de peaje en un diez por ciento en la Comunidad, notándose especialmente en la AP-6, donde 422 vehículos pesados diarios apostaron por la alternativa bonificada.
