Creada por ley la oficina contra el fraude y la corrupción
Igea anuncia que cualquier persona condenada por este supuesto no tendrá acceso a ayudas públicas
El Consejo de Gobierno ha aprobado ayer el Proyecto de Ley por el que se crea la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León y se regula el estatuto de protección de los denunciantes. Con esta medida, se cumple uno de los compromisos del pacto de gobierno PP-Ciudadanos, aunque aún deberá pasar por el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. Precisamente, las Cortes de Castilla y León, institución a la que está adscrita, deberán nombrar al director de la citada oficina , para lo cual necesitarán una mayoría de tres quintas partes de la cámara
El nuevo organismo ampliará su ámbito de actuación a todos los colectivos o entes que perciban ayudas públicas. Además, podrá ser informante cualquier persona que se dirija a ella por todos los procedimientos e, incluso, de forma anónima. Incluye, también, un régimen sancionador para quienes no quieran colaborar, con multas que podrían superar los 300.000 euros.
Para la actuación de la Oficina se establece un procedimiento que implica funciones de inspección e investigación, cuya duración se fija en seis meses, ampliables por otros tantos, durante el cual se incorpora la posible adopción de medidas cautelares cuando se consideren necesarias para garantizar la eficacia y el resultado de las actuaciones.
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha destacado el hecho de que la creación de la oficina contra el fraude y la corrupción de Castilla y León coincida «con la confesión de un empresario de la Comunidad de que ha comprado voluntades». Igea se refería así a José Luis Ulibarri, que ha admitido su participación en la trama Gürtel y confesó cinco delitos (mordidas por adjudicaciones públicas), para tratar de evitar la cárcel.
«Hoy es el mejor día para aprobar este proyecto», ha señalado Igea y, después de asegurar que «durante mucho tiempo hemos aguantado cosas muy duras», ha mostrado su «alegría por no haber estado en la lista de la compra» del citado empresario. «La agencia está para que nadie, por poderoso que sea y medios que tenga pueda torcer la voluntad de la administración pública», ha señalado.
Y ha advertido de que «cualquier persona» condenada por corrupción no tendrá acceso a ayudas públicas, ni tampoco aquellas empresas de las que forme parte. «Es bueno que la gente entienda que este tipo de comportamientos no es compatible y tienen la reprobación de los responsables públicos», ha concluido.
