6 de noviembre: la fecha elegida por los funcionarios para ir a la huelga tras la ruptura con la Junta

MONTSE SERRADOR

27/09/2019
Actualizado a las 08:38h.

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Definitivamente, los 85.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León están convocados a una huelga general el próximo 6 de noviembre. Médicos, enfermeras, personal sanitario, de servicios sociales, profesores, trabajadores de la administración general, de residencias, de servicios sociales... En definitiva, todos cuantos tienen una nómina con cargo a la Junta de Castilla y León están llamados a parar 24 horas en protesta por la no implantación de la jornada de 35 horas semanales (actualmente son 37,5). Así lo ratificaron ayer los sindicatos UGT, CCOO y CSIF tras la reunión que mantuvieron en la Consejería de la Presidencia con su titular, Ángel Ibáñez, además de la directora general de la Función Pública, Paloma Rivero, y de directores generales de Economía y Hacienda, Sanidad y Educación. No acudieron los responsables de estas tres consejerías, tal y como estaba previsto, aunque sí lo hicieron en la reunión del pasado martes.

El encuentro duró en esta ocasión algo menos de 30 minutos ya que el consejero de la Presidencia anunció la imposibilidad de acceder a las pretensiones de los sindicatos, que pasaban por mantener el horario reducido del verano y aplicar las 35 horas a partir del 1 de enero a todos los empleados públicos. Sin embargo, Ángel Ibáñez se mantuvo en la postura de que «existe una firme voluntad de aplicar la medida» y seguirá trabajando «para garantizar que se haga asegurando la correcta prestación de los servicios públicos a todos los castellanos y leoneses y a través de una modificación normativa en plena concordancia con la legalidad vigente». Además, insistió en que « la medida se aplicará teniendo en cuenta su estabilidad a futuro y siempre bajo la premisa de la equidad, garantizando que alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad». Se reafirmó, por último, en su compromiso con el diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada, al tiempo que mostró su respeto ante las movilizaciones sindicales anunciadas.

Ya unas horas antes de la reunión, el consejero de la Presidencia había incidido en el «compromiso» y «voluntad firme e inequívoca» de la Junta de cumplir el acuerdo. Eso sí, precisó que debe hacerse tras un «análisis» -que ya está «muy avanzado»- sobre su incidencia en los Presupuestos de la Comunidad y también la «eventual incidencia en la prestación y calidad de los servicios». Y, también, recalcó, con «equidad» entre todos los trabajadores de la administración y en «condiciones de igualad» para los 85.000 con nómina autonómica.

En la otra parte del conflicto, los representantes sindicales que acudieron al encuentro mostraron su enfado por la ruptura de las negociaciones, aunque ya en la reunión del martes reconocieron que no esperaban que de ella saliese una solución. De hecho, ese mismo día se registraron las movilizaciones.

La representante de CSIF, Raquel Fernández, calificó de «decepcionante» lo ocurrido, por lo que afirmó sentirse «defraudada» ante el «incumplimiento de un acuerdo que estaba firmado», en referencia a la rúbrica del pasado 21 de mayo en la que sindicatos y Junta (a través del entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez) en la que ratificaron que se harían efectivas las 35 horas semanales, en virtud de un Acuerdo Marco de 2015.

En términos parecidos se manifestó la representante de CC.OO, Ana Rosa Arribas, quien consideró «ridículas» las explicaciones dadas por Ibáñez y, especialmente, su exposición de la carta que la Junta envió al Ministerio de Hacienda preguntando por las consecuencias que tendría para los objetivos de estabilidad la aplicación de la medida. Aseguró, además, que la postura del Gobierno autonómico demuestra «un desprecio absoluto a los sindicatos» y con su incumplimiento «ha actuado de mala fe». «Al final han elegido negociar con el comité de huelga», apostilló. Por su parte, el secretario autonómico de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, advirtió de que el conflicto podría pasar factura al proceso de Diálogo Social entre la Administración regional y los agentes económicos y sociales. Sin embargo, el responsable regional de CCOO, Vicente Andrés, cree que no debería afectar.

Además, de la huelga convocada para el 6 de noviembre, las movilizaciones arrancarán el jueves con concentraciones en las delegaciones territoriales de todas las provincias. El 17 habrá una movilización en la sede de la Presidencia y el 25, un paro de dos horas.

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