Los dos exaltos cargos juzgados defienden que se fiaron de los técnicos en Chiloeches
Miguel Chillarón Yuste y Carlos José Blázquez justificaron sus actuaciones al frente de Evaluación Ambiental
Los dos primeros exaltos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha que declararon este martes en el segundo día de la vista oral que celebra la Audiencia Provincial de Guadalajara a raíz del incendio declarado en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches coincidieron en afirmar que su actuación con respecto a sus funciones a la hora de dar autorizaciones siempre vino precedida por el criterio de los técnicos y que siempre intentaron cumplir la legalidad vigente en ese momento.
En el macrojuicio por el incendio originado en agosto de 2016 en una planta de tratamiento que pone en el banquillo a 21 acusados, ayer prestaron declaración el que fuera director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Chillarón Yuste ; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez , y ambos defendieron su manera de proceder en cuanto a las autorizaciones otorgadas en su momento.
Los dos coincidieron igualmente en que dentro de los ámbitos de actuación de un director general no está la tramitación del «día a día» de los expedientes porque no pueden ni por volumen ni por ocupación pero que ellos siempre se basaron en sus actuaciones en las recomendaciones de los técnicos de la Junta para cumplir la legalidad vigente e intentado dar servicio al administrado a la hora de atender sus solicitudes o demandas con la intención de resolver.
Para Yuste, el Ministerio Fiscal pide doce años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental y 28 meses de multa a razón de 20 euros al día con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, mientras que para Blázquez a estas penas añade tres años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.
Una jornada compleja en cuanto al fondo de la cuestión de lo que se planteó en la Sala, que se prolongó durante casi cinco horas, y en la que el magistrado que preside la Sala de la Audiencia Provincial, José Aurelio Navarro , tuvo que llamar en varias ocasiones al Ministerio Fiscal a ceñirse al objeto del enjuiciamiento para que no se perdiera el hilo de las cuestiones a dirimir.
Balones fuera
Lo cierto es que ambos directores generales de la Junta echaron balones fuera en varias ocasiones respecto a su responsabilidades en referencia a las cuestiones que se les plantearon en la sala en torno a la firma de determinados documentos y expedientes solicitados por la empresa Kuk Medioambiente para ampliar su actividad en la planta al manejo de residuos peligrosos.
Ambos coincidieron en que en las autorizaciones otorgadas a la empresa Kuk Medioambiente S.L. ellos no eran los que a nivel administrativo estaban en el día a día de dichos expedientes sino que eran los jefes de servicio o técnicos los que hacían el seguimiento y que ellos se fiaban.
De sus declaraciones también se desprendió que ninguno ha dictado resoluciones contrarias a desecho a sabiendas de que lo son, insistiendo en su «confianza plena» en los técnicos.
«Un director general no entra tanto en las tripas de un expediente», dijo Blázquez en su declaración, asegurando que todos los documentos que él firmó sobre esta empresa tenían que ver con la tramitación de modificación ambiental integrada de 2008 solicitada por la empresa para contemplar el reciclaje de residuos peligrosos.
Por su parte, Miguel Chillarón Yuste hizo alusión en varias ocasiones también a que son los técnicos quienes realizan las inspecciones y los expedientes que él «se deja aconsejar» porque «ser director general no significa ser el que más sabe y yo confío en su absoluta honradez».
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