La agencia nostra

El ministro Montoro ha querido terminar su legislatura tal y como la comenzó: con una soberbia, prepotencia y chulería que palidece ante el grado de populismo que pretende alcanzar. Dice el economista Juan Ramón Rallo que el actual titular —afortunadamente, en funciones— de la cartera de Hacienda no desentonaría en un ejecutivo de Podemos. No exagera.

El último de sus shows ha consistido en hacer pública la lista de morosos con la Agencia Tributaria para señalar a aquellos que, con fecha del pasado 31 de julio, mantuviesen saldos deudores por importes superiores a un millón de euros. La reacción popular no se hizo esperar y nadie pareció reparar en lo sustantivo del asunto: la función esencial de los gobiernos es señalar a quiénes debemos odiar.

En Canarias, las deudas pendientes importan más de 320 millones de euros, siendo un centenar el número de empresas las que acumulan esa cantidad. El Estado se otorga una dispensa que los ciudadanos no tenemos y publica una serie de datos que conforman nuestra particular esfera privada, que no debe ser vulnerada por más que los objetivos que persiga parezcan inobjetables.

Ese intento por demonizar, amedrentar a los ciudadanos pretendiendo dañar su reputación es inaceptable, máxime si como es el caso, parte de esa deuda está pendiente de pago por el singular proceso que sigue la inspección y los dañinos incentivos perversos que tienen sus trabajadores para operar de esa forma. Hay deuda recurrida por disparidad en los criterios aplicados o directamente impugnada, porque pese a las formas con que se maneja la Agencia Tributaria no está en posesión de la verdad absoluta. Es cierto que muchas veces los indefensos ciudadanos agachamos la cabeza y decidimos pagar para evitar males mayores. No es lógico que el miedo sea divisa común en una sociedad democrática.

Les hemos permitido crear todo un aparato de coacción, que ha hecho de la violencia, la delación y el amedrentamiento su forma de actuar, contando para ello con infinitos recursos que están a su alcance. Muchas de las empresas señaladas carecen de capacidad de pago porque han dejado de existir víctimas de la crisis, aunque sería interesante averiguar si alguna habría podido mantener la actividad de haber contado con mayor flexibilidad administrativa, tanto de la Hacienda como de la Seguridad Social.

Pretenden hacernos creer que un número tan importante de españoles ha podido evitar pagos a la Hacienda, cuando todos somos víctimas de la rapiña, el hostigamiento y la saña con la que se comportan cada vez que ellos creen tener razón. Y lo peor es que no parece tener vuelta atrás.