La Justicia tumba otro intento de la Abogacía del Estado para enterrar el caso Gali

La Audiencia de Zaragoza ha desestimado el recurso con el que la letrada designada por el Gobierno quería expulsar a las acusaciones y frenar así la investigación, que compromete al Ejecutivo de Pedro Sánchez

La abogada del Estado María del Mar González Bella (a la izquierda de la imagen) junto a la exministra Arancha González Laya, imputada por el caso Gali
Roberto Pérez

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Nuevo varapalo de la Justicia contra la insistente estrategia de la Abogacía del Estado de torpedear la investigación del caso Gali , la operación clandestina con la que el Gobierno introdujo en España el pasado mes de abril al líder del Frente Polisario , el saharaui Brahim Gali . La letrada designada por el Gobierno, María del Mar González Bella, lleva semanas intentando parar la investigación del juez zaragozano Rafael Lasala . Y, ante la persistencia del magistrado, la abogada del Estado lo ha intentado ante la Audiencia de Zaragoza, pero con nulo resultado.

La sección tercera de la Audiencia de Zaragoza, presidida por José Ruiz Ramo, acaba de rechazar el recurso de apelación con el que González Bella pretendía expulsar a quienes ejercen las acusaciones populares en este caso. De haberlo conseguido, las diligencias se habrían visto estranguladas en la práctica, al haberse quedado sin las partes esenciales que están promoviendo la acción penal.

El auto que ha dictado la Audiencia de Zaragoza supone, por tanto, un espaldarazo a las diligencias de investigación del juez zaragozano Rafael Lasala , que ha apreciado indicios delictivos por prevaricación, falsedad documental y encubrimiento .

De momento, están imputados la exministra Arancha González Laya y quien era su jefe de gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino . La defensa de ambos la ejerce la abogada del Estado María del Mar González Bella.

Esta letrada intentó anular a las acusaciones populares pidiendo su expulsión del caso o, en su defecto, que a cada una de ellas se les impusiera una cuantiosa fianza de 150.000 euros. El juez Lasala se negó a estas pretensiones de la abogada del Estado, que lo intentó después con su recurso ante la Audiencia de Zaragoza. Sin embargo, los magistrados han dado la razón ahora al juez instructor.

El auto de la sección tercera de la Audiencia de Zaragoza, en el que ha sido ponente el magistrado José Alfonso Tello Abadía , considera improcedente expulsar a las acusaciones populares. Y avala también la decisión del juez Lasala de no haber exigido fianza a las acusaciones para no entorpecer la acción penal popular, que es ejercida por el abogado malagueño Antonio Urdiales, por un lado, y por Juan Vicente Pérez Aras y Mohamed Rachad Andaloussi, por otro.

Este recurso de apelación que acaba de desestimar la Audiencia de Zaragoza fue presentado por la abogada del Estado en nombre del imputado Camilo Villarino.

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