Solo tres sefardíes han conseguido la nacionalidad española por el trámite ordinario de la ley de 2015

Contó en privado el quinto presidente de Israel, Isaac Navón, que si el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1986 entre España e Israel fue un acto «de Gobierno a Gobierno», la ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes de 2015 era un acto «de pueblo a pueblo» y había que «recibirla con el corazón abierto».

Pero un año después de su entrada en vigor, solo tres personas han conseguido el pasaporte español por el procedimiento establecido y 2.864 la han solicitado, una cifra inferior a lo que se esperaba en 2015. Eso sí, solo este último año otras 4.522 personas la han conseguido por real decreto —al margen de dicha norma—, ya que habían acreditado con anterioridad su condición de descendientes de los judíos expulsados en 1492 de la península.

Estos casos también quedan amparados en la nueva ley, que les permite entre otras cosas mantener doble nacionalidad.

Fue Simona, una mujer de 80 años residente en París, la primera en obtener la nacionalidad gracias a la ley 12/2015. Ayudada por su hijo, se remontó hasta siete generaciones para establecer su ascendencia. También se presentó y aprobó los dos exámenes del Instituto Cervantes obligatorios para obtener la nacionalidad.

Porque aunque era «una ley maravillosa», cuyo prólogo era «abrir el corazón a los españoles fuera de España», según cuenta José Benarroch, presidente de Unión Sefardí Mundial, durante el debate y redacción de la ley, esta acabó reflejando el «miedo a un tsunami de gente». Según las estimaciones de Sergio della Pergola, profesor de Demografía Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hay tres millones de descendientes sefardíes judíos en las actualidad y entre 30 y 40 millones de sefardíes no judíos.

Benarroch, al frente de una de las entidades autorizadas para la gestión de las peticiones, cree que el miedo a una avalancha de solicitudes y la presión de la UE en plena crisis migratoria y de seguridad fue «apretando las tuercas de la ley», que acabó imponiendo un procedimiento en algunos puntos algo farragoso.

Benarroch se refiere así al examen de español o al de cultura española que pide la ley. «No son muy difíciles, pero para la gente mayor supone sentarse a estudiar e impone un poco». El segundo gran freno, en su opinión, es el de acudir a un notario en España tras haber entregado el expediente online, algo que en países aledaños a la Península no tiene por qué ser un trámite costoso, pero no así para todos los países. Las peticiones, de hecho, proceden de 60 Estados diferentes.

En concreto, de las solicitudes cursadas, Argentina es el principal país de origen (con 347); seguido de Israel (270), Venezuela (268), Brasil (170) y Estados Unidos (166). De todas las iniciadas a lo largo de los últimos 12 meses, 406 están ya en la última fase para su aprobación, tras ser autorizadas sus actas de notoriedad. Solo están pendientes del visto bueno gubernamental, algo que por ley no puede retrasarse más de un año. Lo importante, asegura Benarroch, es que «ha habido una reacción muy positiva por parte de los sefardíes» aunque haya sido en una escala menor de la esperada.