Sánchez dice que el Tribunal de Cuentas es recurrible y Montero aboga por «eliminar» las causas contra los independentistas

Tras las polémicas palabras el pasado viernes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos , cuando se refirió a las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas como «piedras en el camino» para el diálogo con el Gobierno de Cataluña, desde La Moncloa dan buena cuenta de hasta qué punto ese proceso resulta incómodo . De forma oficial, desde el Ejecutivo de coalición plantean que no tienen forma de intervenir en el proceso. Pero sí sugieren que existen otras vías ajenas a ellos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha manifestado esta mañana en Cadena Ser su «absoluto respeto» por la labor del Tribunal de Cuentas. Y ha asegurado que «nunca» han dado ni van a dar «instrucciones» desde el Gobierno. Además, Sánchez ha recordado que no se trata de una instancia judicial. El Gobierno podría inducir a un cambio de modificación por parte de la Abogacía del Estado. Algo que de momento no han hecho y que el presidente del Gobierno ha asegurado que no se hará.

«Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa . Ahora mismo siguen los procesos de trabajo, no hay resolución en firme, y esas resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales» , ha afirmado Sánchez, al ser preguntado por las palabras de Ábalos. «A partir de ahí, tendremos que respetar lo que se resuelva por parte de esta instancia que no es judicial sino administrativa», ha seguido.

A estas declaraciones se suman también las de la ministra de Igualdad, Irene Montero , que en TVE ha apostado por «eliminar» las causas contra los independentistas para «dejar protagonismo absoluto» a la «política, el diálogo y el acuerdo» . Así lo ha expresado Montero este lunes, según recoge Europa Press: «Por tanto, permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político».

Un argumento en el que ha abundado la ministra al pedir que se deje de «judicializar» o «convertir en un problema administrativo» , una cuestión que considera íntegramente política. Todo esto expresado un día antes de que el Tribunal de Cuentas exponga la cantidad a la que asciende la liquidación provisional por el supuesto desvío de fondos a las conocidas como «embajadas catalanas» y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).