El presidente del Tribunal de Cuentas critica que se cuestione a la institución por los casos de corrupción

La corrupción no es una enfermedad nueva, pero en los últimos años ha corroído como ácido sulfúrico los pilares de nuestro sistema democrático hasta convertirse en la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del paro, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado el pasado junio.

Y es que, el destino privado de los recursos públicos por parte de representantes políticos de distinto signo es una lacra extendida en España desde hace varias décadas. Su última escenificación tuvo lugar en abril, con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco de la operación Lezo, pero que ya se remonta a los primeros años de nuestra incipiente experiencia democrática, como se puso de manifiesto con el caso Fidecaya.

Para combatir este quebranto trabaja el Tribunal de Cuentas, órgano encargado por imperativo constitucional de la fiscalización del sector público y de la responsabilidad contable. Precisamente, dentro del acto inaugural del seminario «El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma» organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda García, ha señalado este lunes en Santander que la lucha contra la corrupción es uno de los asuntos que más preocupa a los poderes públicos. «Preocupación que no solo es explicable por la situación de crisis, sino porque la sociedad está cada vez más avanzada y exige mayor transparencia», ha señalado.

Sin embargo, y pese a que el tribunal tiene encomendado el control de los ingresos y gastos de todo el sector público, incluyendo a las empresas públicas, a los partidos políticos y el régimen de subvenciones, Álvarez de Miranda ha matizado que el organismo no constituye la primera línea de actuación contra el fraude. «El Tribunal de Cuentas no es un órgano específico de la lucha contra la corrupción. El resultado de nuestras actividades de control permite la colaboración, pero no es este el mandato constitucional», ha manifestado, para subrayar a continuación que el tribunal asiste al «cuestionamiento» de su actividad debido al «elevado número de casos de presunta corrupción que publican los medios de comunicación».

Aunque sus palabras han causado confusión entre los periodistas, también ha explicado que la institución mejorará su línea de trabajo, lo que «redundará en un mayor prestigio» de su actividad. A su juicio, es necesario avanzar en la modernización de los procedimientos y en la transparencia debido a la importancia del órgano en la defensa de los intereses generales y de los fondos públicos. Todo ello en aras de promover una función pública «eficaz y eficiente» con «respeto a la legalidad», que ataje la lacra de la corrupción antes de germinar.

La intervención del presidente del Tribunal de Cuentas tienen lugar después de que Ciudadanos registrase una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados la pasada semana para modificar las leyes que regulan el organismo a fin de «modernizar y regenerar» la institución y evitar los casos de «desviación de poder, arbitrariedad y nepotismo» ante las polémicas surgidas sobre la asignación de puestos de trabajo a familiares de miembros del tribunal.