Un ministro versátil que antepone el diálogo a las prisas

La continuidad de Rafael Catalá en el Gabinete de Mariano Rajoy se daba por hecha. Su perfil discreto y dialogante, y su gestión, eficaz y sin grandes estridencias, al frente de un ministerio hecho trizas garantizaban su permanencia en el Palacio de Parcent. Eso, y la confianza que el presidente del Gobierno tiene depositada en él desde hace nada menos que veinte años. Sin conocerle personalmente, y solo por referencias, Rajoy confió en Catalá en el año 1996, cuando siendo ministro de Administraciones Públicas le fichó como director general de la Función Pública.Catalá era entonces director de Personal de Aena. Juntos pasaron a Educación y dejaron de compartir ministerio en 2000, cuando Rajoy fue nombrado ministro de Interior y Catalá pasó a trabajar bajo las órdenes de Cristóbal Montoro como subsecretario de Estado de Hacienda. Luego lo haría en Justicia (2002-2004) como secretario de Estado con José María Michavila, y en 2011 se convirtió en secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, a petición de Ana Pastor.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Catalá (Madrid, 1961) ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y desde entonces su carrera ha estado ligada a la Administración, los últimos dos años en el mismo ministerio que Rajoy le ha confiado. Llegó a él «de rebote», tras la polémica gestión de Alberto Ruiz-Gallardón, quien, en su afán de pasar a la historia como el ministro que promovió la mayor revolución de la Justicia de la democracia, no dejó títere con cabeza.

Más allá de grandes propuestas, la primera tarea de Catalá, nieto de notario en Peñafiel (Valladolid), consistió en desandar lo andado para poder recomponer las relaciones con prácticamente todos los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia. Lo hizo mediante un golpe de efecto que le hizo ganar puntos a marchas forzadas (su primer anuncio fue eliminar las tasas judiciales) y una labor discreta que se ha visto empañada por una sugerencia que no quedó más que en eso y dos decisiones de calado: la primera, sancionar a los medios de comunicación que publicaran filtraciones judiciales; las segundas, poner plazos a la instrucción judicial en aras de evitar investigaciones eternas y la puesta en marcha de Lexnet. Convencido de que sin acuerdo no es posible el cambio, Catalá, que hasta entonces había tenido un perfil más técnico que político, renunció a los ambiciosos proyectos de Gallardón, como entregar la investigación al fiscal y el nuevo Registro Civil, y fue promoviendo primero pequeñas pero eficaces reformas, como la de sacar de los juzgados los atestados policiales sin autor conocido), lo que se ha traducido en un descenso de un 42% de los asuntos que entran en la jurisdicción penal.Desde su Departamento, a través de la Abogacía del Estado, se ha ido plantando cara a cada de las actuaciones que la Generalitat y el Parlamento catalán han llevado a cabo en los últimos años en su desafío secesionista.

Las recompensas del sacrificio

Sus próximos retos en este ministerio que ya conoce son la agilización de la justicia e implantación definitiva de las nuevas tecnologías y un nuevo modelo de Registro Civil que tuvo que dejar aparcado por falta de consenso. A la vez tendrá que perfeccionar el sistema de notificaciones telemáticas, que a día de hoy, no termina de contentar a los operadores jurídicos.

Seguidor Atlético de Madrid («porque el sacrificio tiene recompensas», dice) y muy entregado a su familia (es padre de dos hijos de 28 y 24 años), Catalá intenta disfrutar de su tiempo libre con los suyos, aunque desde que compagina su cargo con el de ministro de Fomento en funciones (tras el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso), su vida se ha convertido en un circo de tres pistas.

Le gusta el deporte (el tenis, el padel y el golf), las novelas y pasar tiempo con sus amigos. Su manía, el orden y la organización. Y al igual que Mariano Rajoy, no perdona la deslealtad.